La ONU denunció que líderes sociales en Colombia han sido atacados por oponerse a los intereses de grandes empresas

Ambientalistas, campesinos, negros e indígenas sufren violaciones y abusos cuando defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos, dice un informe de las Naciones Unidas

Un hombre sostiene un cartel durante una protesta contra el fracking en Bogotá, Colombia, 7 de junio, 2019. REUTERS/Luisa González
Un hombre sostiene un cartel durante una protesta contra el fracking en Bogotá, Colombia, 7 de junio, 2019. REUTERS/Luisa González

Decenas de líderes sociales y activistas han sido agredidos en Colombia no solo por grupos armados, sino también por oponerse a los intereses de grandes empresas, informó este miércoles el relator especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Ambientalistas, campesinos, negros e indígenas “sufren violaciones y abusos de sus derechos cuando defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos”, dijo Michel Forst en un informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.

Las agresiones ocurren cuando elevan su voz “frente a los intereses estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales e internacionales”, agregó.

Forst aseguró que entre 2015 y 2018 se registraron al menos 115 incidentes, “que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial”.

Los líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, en particular, padecen “presiones de empresas nacionales e internacionales que explotan los recursos naturales en sus territorios”, o cuando se oponen a los intereses de actores armados ilegales, agregó.

FOTO DE ARCHIVO. Una persona sostiene un cartel pidiendo poner fin a la violencia durante una protesta en Bogotá. Noviembre, 2019. REUTERS/Carlos Jasso
FOTO DE ARCHIVO. Una persona sostiene un cartel pidiendo poner fin a la violencia durante una protesta en Bogotá. Noviembre, 2019. REUTERS/Carlos Jasso

Aunque la violencia se ha aliviado desde el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC, la otrora guerrilla más poderosa de América, Colombia aún vive un conflicto armado que la azota desde hace casi seis décadas.

Al menos 108 activistas fueron asesinados en 2019, según la ONU. La mayoría de las muertes ocurrió en zonas donde operan grupos armados involucrados con el narcotráfico. En 2018 hubo 115.

Según Forst, las cifras convierten a Colombia en la nación latinoamericana con más asesinatos de defensores de derechos humanos.

De acuerdo con la fiscalía, la mayoría de ataques a defensores provienen de grupos armados ilegales, financiados principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal.

El reporte de Forst fue duramente criticado por el gobierno del presidente Iván Duque, que en días pasados consideró sesgado e impreciso el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que daba cuenta de abusos por parte de la fuerza pública.

Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales” son “afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”, indicó la cancillería en un comunicado.

Una mujer sostiene un cartel durante una marcha en Medellín. REUTERS/David Estrada
Una mujer sostiene un cartel durante una marcha en Medellín. REUTERS/David Estrada

Entre 2015 y 2019, la ONG Business & Human Rights -que ofreció insumos al informe de la ONU- registró 181 ataques contra defensores “que trabajan en cuestiones empresariales”. De esos, 72 fueron asesinatos.

Las agresiones equivalen al 9% del total mundial en ese campo.

La mayoría tuvo lugar en zonas en donde se llevan a cabo grandes proyectos de minería, hidrocarburos, ganadería o energías renovables.

Forst se mostró preocupado por “la aparente conexión” entre la petrolera Frontera Energy, el ejército y la fiscalía colombianos en la “criminalización” de defensores de la tierra y el medioambiente en el este del país.

Frontera Energy resaltó el martes en un comunicado “su compromiso con la protección de los derechos humanos”.

“La gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del acuerdo de paz”, concluyó el relator.

Con información de AFP

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