Cuando el hombre fue trasladado de ciudad, su familia no lo pudo ir a visitar más por falta de recursos económicos. (Foto: Archivo)
Cuando el hombre fue trasladado de ciudad, su familia no lo pudo ir a visitar más por falta de recursos económicos. (Foto: Archivo)

Una negligencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) acaba de ser cobrada por el Consejo de Estado, que condenó a la institución por la muerte y desaparición del cuerpo de un recluso en una cárcel de Bucaramanga, en Colombia, a la que fue trasladado en febrero de 1992. Su familia se enteró del fallecimiento 15 años después de que ocurrió.

El hombre fue condenado en 1990 a 11 años de prisión por el delito de homicidio, en la cárcel de Ternera de Cartagena, donde vive su familia.

Al ser trasladado a otra ciudad, sus familiares no pudieron visitarlo más por los escasos recursos con los que contaban. Pero en diciembre de 2008, el reo debía salir en libertad.

Al llegar la tan esperada fecha, la madre del recluso se comunicó con el INPEC para obtener información sobre su hijo, pero no lo consiguió. Así pasó mucho tiempo sin que la institución diera razón alguna, detalla Noticias Uno.

Después de varios recursos, los guardias por fin respondieron la solicitud de la mujer, aunque no fue lo que ella esperaba. Su hijo había muerto en julio de 1993, 15 años atrás, en medio de una pelea con otro recluso, en la que fue herido de gravedad con un arma blanca.

Lo peor, es que el INPEC no supo decirle a la mujer dónde habían dejado los restos del hombre. Así comenzó entonces otra lucha judicial.

El recluso murió por una herida con navaja que le propinó otro recluso en medio de una riña.
El recluso murió por una herida con navaja que le propinó otro recluso en medio de una riña.

La familia del fallecido demandó al INPEC por daños y perjuicios, que el Tribunal Administrativo de Santander negó en primera instancia. Pero el Consejo de Estado le dio la razón a las víctimas, de acuerdo a lo informado por el noticiero nacional.

Este alto tribunal consideró que el INPEC violó los derechos a la libertad de culto a la familia del reo, pues al no informar sobre su muerte ni entregar su cadáver, les impidieron sepultarlo bajo algún rito religioso. Así que el Consejo de Estado ordenó a la institución realizar indagaciones y todo lo correspondiente para recuperar los restos del hombre y entregarlos.

"Llama la atención de la Sala que el INPEC, a pesar de que contaba con datos que le permitían averiguar la ubicación de la familia del señor, no demostró haber adelantado alguna actuación para notificarles de su deceso y hacerles entrega del cadáver", dice la sentencia conocida por Noticias Uno.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: