Ecuador incorporó el martes tres lanchas guardacostas entregadas por Estados Unidos para reforzar sus capacidades operativas en vigilancia, control y respuesta en aguas ecuatorianas y contrarrestar el narcotráfico.
Según informó el Ministerio de Defensa, Las nuevas lanchas interceptoras tipo Eduardoño destacan por su alta velocidad y maniobrabilidad, lo que permiten interceptaciones en altamar, patrullajes intensivos y reacción inmediata ante amenazas del crimen organizado.
Su despliegue amplía el alcance operativo desde la costa hacia el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y aguas interiores, por lo que los navíos contribuyen al cierre de rutas ilícitas y al fortalecimiento de la seguridad marítima.
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Esta entrega se enmarca en un acuerdo de cooperación internacional mediante el cual la administración estadounidense, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), prevé donar un total de 12 embarcaciones a la Armada de Ecuador este año, para potenciar la lucha contra el narcotráfico y las economías criminales en la región.
La ceremonia de entrega de las primeras tres unidades tuvo lugar en la Base Naval Sur de Guayaquil y contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército Henry Delgado; y el comandante general de la Armada, almirante Ricardo Unda.
En la ceremonia de entrega de las lanchas guardacostas también participaron autoridades estadounidenses, entre ellas Vanessa Acker, jefa de misión encargada; Erik Martini, cónsul de EEUU en Ecuador; Charles Morrill, director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley; y Dwayne Crawley, director de la DEA en el país latinoamericano.
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Hace dos semanas atrás, Ecuador y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad, orientado a fortalecer las investigaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.
El memorando de entendimiento, suscrito el 20 de abril de 2026 entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (HSI) y el Ministerio del Interior de Ecuador, busca ampliar el intercambio de información, la asistencia técnica y la capacitación dirigida a la Policía Nacional ecuatoriana.
El acuerdo contempla un esquema de cooperación operativa enfocado en delitos de alto impacto regional, como el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos vinculados a la explotación sexual infantil.
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Las autoridades informaron que el eje central es el fortalecimiento de las capacidades investigativas a través del acceso oportuno a inteligencia compartida y el desarrollo de herramientas técnicas para desarticular estructuras criminales con alcance internacional.
El encargado de Negocios de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence J. Petroni, destacó que el acuerdo apunta a “desarticular estructuras criminales y llevarlas ante la justicia”. Por su parte, el agregado de HSI, Héctor Quintana, subrayó que el compromiso refleja las prioridades estratégicas compartidas por ambos gobiernos en materia de seguridad.
Desde el Gobierno ecuatoriano, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó el intercambio seguro y oportuno de información es clave para mejorar la eficacia de las investigaciones y la coordinación interagencial.
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En un mensaje público, subrayó que la relación bilateral con Estados Unidos se fundamenta en la confianza mutua y en intereses compartidos en materia de seguridad y desarrollo.
El memorando forma parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional impulsada desde Quito, que incluye la participación en iniciativas regionales como el programa “Escudo de las Américas”, dirigido a enfrentar redes criminales que operan a escala transnacional.
Estados Unidos es uno de los principales aliados de Ecuador en la lucha contra organizaciones criminales, principalmente vinculadas al narcotráfico. Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar las acciones contra las bandas criminales, clasificadas oficialmente como “terroristas”.
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A pesar de esta medida, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en el país, con alrededor de 9.300 casos, según cifras del Ministerio del Interior.
(Con información de EFE)