La Fiscalía boliviana presentó datos estremecedores: en lo que va del año se registraron 30.699 casos de violencia machista, 57 de feminicidio y 22 de infanticidio. El principal delito denunciado fue violencia familiar, seguido de abuso sexual, violación y estupro. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
A raíz de la presentación de estos datos, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, informó que se convocará a un encuentro interinstitucional para fines de agosto, con el objetivo de evaluar las tareas de atención a las víctimas en estos casos.
Las cifras muestran un incremento en la violencia de género en relación al mismo periodo en 2023, cuando se registraron 23.548 casos.
La abogada feminista y ex defensora del Pueblo en la ciudad de Tarija, Mariel Paz, explica que estos datos reflejan un círculo de violencia aún mayor, no solo porque no todas las mujeres presentan denuncias, sino porque la violencia familiar se manifiesta de múltiples maneras. “La violencia familiar es un problema complejo porque se manifiesta en violencia física, sexual y psicológica. Cada mujer que está detrás de esos 30.000 casos representa una víctima que está sometida a múltiples formas de violencia y que además trae detrás a otras víctimas directas como son los hijos”.
Para Paz, el panorama es desalentador y refleja “una enfermedad” que vive toda la sociedad boliviana que afecta no solo a las personas que reciben de manera directa la violencia sino a sus entornos y “significa que el problema de la violencia tiene posibilidades de perpetuarse y continuar”.
En Bolivia rige desde el año 2013 la ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que, pese a tener algunas deficiencias según colectivos feministas, cumple de manera general con los estándares internacionales en cuanto prevención y sanción de la violencia. A partir de su aprobación, se han endurecido las sanciones para la violencia de género y se ha tipificado el feminicidio como delito, el cual tiene una sanción de 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.
A pesar de los avances legales, la violencia de género en Bolivia sigue aumentando y colectivos feministas exigen el cumplimiento oportuno de las normas, agilidad judicial y personal capacitado, debido a que muchas denuncias no logran protección a las víctimas y se han registrado casos de feminicidios precedidos de denuncias que no fueron atendidas oportunamente.
Sin embargo, para Mariel Paz el problema va más allá y hay que pensar en medidas de mediano y largo plazo. “Las leyes no cambian la forma de pensar de la sociedad. Si atribuimos la violencia solamente a la deficiencia en la aplicación de las normas, estamos mirando de una manera demasiado limitada el problema”, explica Paz y agrega que los feminicidios demuestran que las leyes no inhiben a un potencial agresor de cometer el delito.
Acciones a corto plazo
Consultada sobre qué acciones se podrían asumir de manera inmediata, Mariel Paz menciona la necesidad de contar con un diagnóstico preciso sobre la violencia de género para crear políticas públicas específicas. “Tenemos diagnósticos fragmentados por iniciativas de la sociedad civil. Si no tenemos una radiografía cabal y precisa, no tenemos insumos reales para combatirla”, sostiene explica que cuando se tienen datos las políticas de prevención son más efectivas.
Entre tanto, la Fiscalía boliviana organiza el tercer Congreso Internacional Contra la Violencia Sexual, titulado “Mejores prácticas para la atención a víctimas de violencia sexual”, que se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de agosto en la ciudad de Cochabamba.
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