Juan Orlando Hernández, el ex presidente hondureño acusado de narcotráfico, está a horas de presentarse en la corte. El arranque del juicio al político centroamericano en la corte distrital del sur de Nueva York está programado para arrancar este lunes 12 de febrero con la selección de jurados. Luego de que otros dos acusados se declararon culpables en los últimos días, Hernández estará solo ante el juez. Irá vestido, eso sí, con la misma ropa que usó cuando tomó posesión como mandatario de Honduras en 2018. Su esposa, Ana García de Hernández, le mandó el traje de dos piezas y la corbata azul de aquel día.
Hernández acababa de entregar la presidencia de su país a Xiomara Castro, ganadora de las elecciones a finales de 2021, cuando fue detenido en su casa de Tegucigalpa, la capital, con fines de extradición a Estados Unidos, donde la corte neoyorquina lo reclamaba por ser parte de una conspiración para introducir cocaína y armas a los Estados Unidos. El 15 de febrero de 2022, oficiales hondureños lo entregaron a alguaciles estadounidenses, quienes lo subieron a un avión y lo custodiaron durante el vuelo que lo llevó hasta Nueva York.
Dos años después, tras varias prórrogas solicitadas por fiscalía y defensa por lo voluminoso de la prueba, Hernández se dispone a enfrentar, solo, al juez Kevin Castel, que sirve en el distrito sur de Nueva York. En principio, el arranque del juicio estaba programado para el 18 de septiembre de 2023, pero fue pospuesto para el 5 de febrero pasado y luego para el 12 de febrero; entre esas dos fechas el caso cambió de forma radical: la Fiscalía está lista para usar los testimonios de los dos ex funcionarios hondureños que recién se declararon culpables, oficiales de policía que sirvieron bajo las órdenes de Hernández, en contra del ex presidente.
No es poco lo que los ex policías tienen que decir, según documentos y transcripciones que los fiscales ya presentaron como adelanto de prueba. Uno de ellos, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias el Tigre y ex director de la Policía Nacional de Honduras en tiempos de Hernández, dijo que ayudó a algunos narcotraficantes en sus negocios. Testimonios de terceros, que también han sido introducidos al juicio, indican que Bonilla sirvió como sicario al ex presidente y a su hermano, el ex diputado Antonio Tony Hernández, quien en 2021 fue condenado a cadena perpetua en Nueva York, también por narcotráfico.
Hasta ahora, la defensa pública del ex presidente ha sido política. Los fiscales estadounidenses, dijo Hernández, armaron un caso basado en testimonios de narcotraficantes a los que él persiguió cuando era el presidente de Honduras. También ha insistido el ex mandatario que él fue un aliado importante de Washington en la guerra antidrogas en Centroamérica. Por eso, para la fiscalía, el testimonio del Tigre Bonilla es importante: que el ex director policial diga que él y su jefe traficaron drogas pone el asunto en el ámbito estatal.
El arranque del juicio, programado para las 9:30 a.m. del lunes 12 de febrero en el salón 11D del edificio de la corte sur de Nueva York, en Manhattan, cerca de Wall Street, ha convulsionado a Honduras, donde la huella política del mandatario sigue presente. El Partido Nacional, bajo cuya bandera Hernández se eligió dos veces presidente, la primera en 2013 y la segunda el 2017 a través de una polémica reelección avalada a última hora por la Corte Suprema de Justicia, sigue viviendo bajo las sombras de esta y otras acusaciones a sus líderes y funcionarios, pero sigue siendo, aún, el principal partido de oposición.
Funcionarios de alto nivel de aquellos gobiernos, incluidos el ex fiscal general Óscar Chinchilla y el ex ministro de seguridad Julián Pacheco, han sido nombrados por testigos en los documentos de acusación que la fiscalía ha presentado en el caso contra Hernández.
Lo que esos documentos del gobierno estadounidense relatan es la historia de un presidente que llegó a acumular buena parte del poder del Estado a través de sobornos, asesinatos, contubernio con las principales organizaciones de narcotráfico y, como han confirmado los fiscales en los últimos meses, de un pacto con la MS13, la pandilla más importante de Centroamérica con presencia en Honduras y a la que, de acuerdo con audios presentados de cara al juicio, el ex presidente usó para eliminar a potenciales testigos.
La defensa de Hernández en Nueva York, liderada por el abogado Raymond Colon, ha sostenido la tesis de su cliente; todo, dicen, se trata de una venganza de los narcos. Renato Stabile, defensor al que la Corte nombró a petición del propio Hernández hace dos semanas, se quejó de no haber tenido tiempo suficiente para revisar toda la prueba presentada por los fiscales y pidió un aplazamiento de uno a seis meses, además de solicitar que los potenciales jurados, a ser elegidos al inicio del procedimiento, se sometan a un cuestionario por escrito. El pasado jueves 8 de febrero el juez Castel negó ambas peticiones.
Un día antes, el 7 de febrero, los fiscales habían introducido nueva evidencia que, por lo poco que dieron a conocer en los documentos hechos públicos por la corte, pueden ser bastante dañinos para los intereses de Hernández.
Las reveladoras llamadas telefónicas de un jefe pandillero
La nueva evidencia son cuatro audios, grabaciones de llamadas hechas por Alexander Mendoza, alias Porky, uno de los máximos líderes de la pandilla MS13 en Honduras a quien testigos en otros casos contra narcotraficantes hondureños habían asociado con las supuestas actividades ilícitas del ex presidente. Lo que dice el Porky es revelador.
No es solo el contenido de las llamadas, es quién las hace. Alexander Mendoza, el Porky, fue señalado de planificar el asesinato de Nery López Sanabria, alias Magdaleno Meza, un narcotraficante que fue socio de Tony Hernández, el hermano del presidente, y quien tenía en su poder libretas con información sobre el tráfico de cocaína en el que aparecen detalles de cargamentos asociados a Juan Orlando Hernández. López Sanabria fue asesinado en octubre de 2019 en El Pozo, una cárcel hondureña, supuestamente a instancias de Porky y en complicidad con agentes del Estado.
Luego, en febrero de 2020, Porky escapó de la prisión hondureña donde estaba preso por su relación con varios homicidios. De ahí fue extraído por un comando de fuerzas especiales que, de acuerdo con un alto oficial de inteligencia hondureño que habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, contó con la complicidad de autoridades policiales y militares. El jefe pandillero, confirma esta fuente, trabajó para los Hernández.
Los fiscales han clasificado las llamadas del Porky con cuatro códigos alfanuméricos, uno para cada una de las comunicaciones realizadas entre el 5 de junio y el 18 de noviembre de 2015 con diversos socios y conocidos. En las llamadas, el líder pandillero habla de los negocios que ha tenido con Juan Orlando y Antonio Tony Hernández, así como de tratos con Juan Carlos Tigre Bonilla, el ex jefe policial que se declaró culpable y cuyo testimonio podría ser utilizado en el juicio al ex presidente.
El primer audio es el GX403. Se trata de una llamada en la que Porky habla con una mujer no identificada, nombrada en los documentos judiciales como CC-1, y le dice que el gobierno de Hernández “no durará mucho” porque “hay una llamada interceptada a Bonilla (el ex jefe policial)” en la que se habla de que el ex presidente recibió millones de dólares de narcotraficantes como el clan de Los Valle Valle, uno de los más poderosos del país, a principios de la década pasada.
La segunda llamada, código GX404, fue hecha el 19 de junio de 2015. Porky habla con otro líder pandillero, a quien cuenta que Hernández ordenó crear una fuerza élite para matar a Bayron Ruiz, un narcotraficante con el que habían trabajado, para evitar que este cayera en manos de los Estados Unidos y luego los expusiera si decidía cooperar con los estadounidenses.
Esta comunicación serviría a los fiscales para apoyar una de sus hipótesis: Juan Orlando Hernández y sus socios en el narcotráfico -la “conspiración” se le nombra en los documentos judiciales- utilizaron a pandilleros y a policías para eliminar a potenciales testigos como Ruiz o López Sanabria.
El audio catalogado como GX405, del 29 de junio de 2015, Porky y otros dos pandilleros hablan de Los Cachiros, otra de las bandas importantes de Honduras, cuyos líderes, los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, se entregaron a Estados Unidos ese año. Los Cachiros, dice Porky, han confesado a los captores estadounidenses que habían compartido rutas de cocaína con Hernández como parte de un trato que incluyó a varios de los actores más importantes del narcotráfico hondureño a principios de la década de 2010.
GX406 es la etiqueta del último audio introducido por la fiscalía a través del escrito de presentación de pruebas recibido por la corte el 8 de febrero pasado. Ahí Porky comenta con sus colegas sobre una ruta en particular que han utilizado para enviar dinero y otras mercancías de contrabando. En esta comunicación también aseguran los pandilleros que el Tigre Bonilla ha dejado pasar contrabando por (sobornos de) USD 5.000.
Los audios de Porky suman a decenas de documentos, transcripciones, fotografías y capturas de pantalla que los fiscales del distrito sur neoyorquino han presentado desde que Juan Orlando Hernández llegó ante la corte y se declaró inocente de todos los cargos que le imputan. Esa evidencia se presentará durante el juicio, junto a los testimonios que darán, en la sala 11D de la corte distrital, entre 8 y 12 testigos ofrecidos por la fiscalía.
Kevin Castel, el juez que lleva el caso, prevé que todo el procedimiento dure entre dos y tres semanas, según lo comunicó en un escrito en el que negó a la defensa la petición de postergar la fecha de inicio del juicio. La parte esencial empezará, según los cálculos de los fiscales, la segunda semana, que es la tercera de febrero, cuando comience el desfile de los testigos, entre quienes por ahora se sabe estarán Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los jefes de la banda de narcotraficantes Los Cachiros, y Fabio Lobo, hijo del ex presidente hondureño Porfirio Lobo y quien fue ya sentenciado por tráfico de drogas.
Rivera Maradiaga y Lobo, prevén los fiscales, ayudarán a alimentar la tesis central del caso: el ex presidente Hernández era el principal cabecilla de una conspiración criminal que sirvió para trasladar miles de toneladas de cocaína por territorio hondureño durante más de una década para llevarla hasta los Estados Unidos. La fiscalía, en su documento de acusación, lo describe así: “Juan Orlando tenía una influencia increíble y se alió con algunos de los narcotraficantes más notorios de Honduras y les permitió que florecieran bajo su control. Estos narcotraficantes, mientras desarrollaban sus operaciones, trabajaban de cerca en conexión con cargamentos de droga y para neutralizar amenazas comunes. Hacían esto, en parte, pagando sobornos y proveyendo apoyo a funcionarios gubernamentales y policiales de alto nivel. Esta relación simbiótica, y el ciclo de corrupción y dinero que alimentaba, eran el corazón de la conspiración imputada”.
Juan Orlando Hernández, otrora el hombre más poderoso de Honduras, tendrá sus días en la corte a partir del próximo lunes 12 de febrero. Llegará a su cita con el traje de dos piezas y la corbata azul con la que asumió por segunda vez como presidente de su país.