Estados Unidos sancionó por corrupción a Luis Miguel Martínez Morales, un colaborador cercano al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado este viernes. Martínez Morales estuvo al frente de una polémica entidad gubernamental que fue disuelta en medio de sospechas por irregularidades.
El joven funcionario “buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”, sentenció el subsecretario de Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian Nelson.
La trama de corrupción que Washington sostiene en su contra es extensa e implica abuso de su influencia en la adjudicación ilegal de contratos gubernamentales para su beneficio y el de otras personas cercanas fuera de la plataforma oficial de contrataciones públicas Guatecompras y hasta de haber solicitado “grandes sobornos” en el marco de las compras por las vacunas rusas Sputnik V, contra el coronavirus.
Por estas razones, Estados Unidos bloqueó todas sus propiedades y activos en el país, impidiendo que haga uso y beneficio de ellos, en tanto se esclarece su situación ante la Justicia y se lleva a cabo la pertinente rendición de cuentas.
El vínculo de Martínez Morales y Giammattei data “de hace muchos años”; sin embargo, su llegada en carácter oficial a las esferas gubernamentales se dio en 2020, pocos meses después de que el Presidente asumiera aquel 14 de enero. El mandatario dejó a su cargo el Centro de Gobierno, una poderosa comisión presidencial creada en ese entonces, que recibió muchas críticas por duplicar funciones de la Vicepresidencia. También suscitó descontento el hecho de que el joven estuviese al frente de la entidad, sin contar con ningún tipo de experiencia en la administración pública.
Tal fue el grado de polémica que despertó que acabó disuelta.
El Departamento del Tesoro mencionó -inclusive- que, durante su tiempo dirigiendo el Centro de Gobierno, Martínez Morales fue “uno de los funcionarios no electos más poderosos” de Guatemala y, aunque ya no ocupe el cargo, sigue siendo “una de las personas más influyentes en la Administración de Giammattei”.
Estados Unidos mantiene, desde 2021, en su lista negra a 25 personas y entidades guatemaltecas acusadas de corrupción, “socavar la democracia y el Estado de derecho”.
Sin embargo, la incorporación de este viernes se dio en un momento en el que el oficialismo del país centroamericano lleva meses intentando sabotear el recambio presidencial previsto para enero de 2024, que ha sido señalado por el Presidente electo como un “golpe de Estado”. “Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala (...) y rechaza inequívocamente los continuos y descarados esfuerzos por socavar la pacífica transición de poder al presidente electo Bernardo Arévalo”, indicó el Departamento de Estado durante la última ronda de sanciones, que data de mediados de noviembre.
Entre los principales nombres en la lista se encuentra la fiscal general Consuelo Porras y otros miembros de la cúpula directiva del Ministerio Público como el fiscal Rafael Curruchiche, y el juez Freddy Orellana.
Para poder garantizar el cumplimiento de la voluntad del pueblo y garantizar la transición ordenada, esta semana una delegación de funcionarios de Washington viajó a Guatemala para discutir temas de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia. El grupo estuvo encabezado por Philip Gordon, asesor de Seguridad Nacional de la Vicepresidente, e incluyó reuniones con autoridades del Ejecutivo y líderes de la sociedad civil y el sector privado.
(Con información de EFE)
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