(Washington, Estados Unidos) Cuando parecía que con la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a comienzos de este mes se allanaba el camino para una intervención multinacional en Haití, otros elementos empezaron a generar escollos que dificultan o al menos retrasan el despliegue de 1.000 policías keniatas en la isla caribeña.

Hace un año que el gobierno interino y no electo en Haití pide una intervención extranjera para que la fuerza pública pueda retomar el control de la seguridad, perdido a manos de pandillas criminales.

Luego de una fuerte presión diplomática de Estados Unidos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el mes pasado, el gobierno de Joe Biden logró destrabar el veto de China que amenazaba que se frustrara la intervención. Biden tuvo una reunión mano a mano con el presidente Lula Da Silva para pedirle que Brasil, que este mes preside el Consejo de Seguridad, intervenga para convencer a los chinos de la necesidad de aprobar una misión en Haití.

Al día siguiente de la asunción de Brasil el tema fue puesto a votación y la misión fue aprobada con el voto de todos los integrantes, salvo China y Rusia que se abstuvieron. Ambos países tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo que era necesario que no bloquearan la decisión para que se aprobara. La forma de lograr el consenso fue aceptar que la misión no sea de la ONU, sino liderada por una fuerza multinacional.

Kenia será el que aportará más efectivos, unos 1.000 policías, y otros países del Caribe también enviarán algunas fuerzas de seguridad para complementar la misión. Estados Unidos, que al igual que Brasil entienden que la misión no puede ser llevada adelante por ninguna de las potencias regionales, se comprometió a aportar dinero para sostener la misión. Y allí es donde está uno de los problemas que hoy enfrenta el despliegue.

En el medio de ese despliegue diplomático que hizo Estados Unidos en septiembre durante la asamblea de la ONU en Nueva York, el secretario de Estado, Antony Blinken realizó una reunión con embajadores de 25 países, la mayoría de ellos del Caribe y América Latina, más algunos de Europa y un africano.

Allí el jefe de la diplomacia estadounidense prometió que su país aportaría USD 100 millones para el despliegue de la misión, además de otros USD 65 millones adicionales “para profesionalizar aún más a la Policía Nacional de Haití y fortalecer su capacidad para desmantelar las pandillas y salvaguardar a las comunidades”, dijo Blinken.

Además, el Departamento de Defensa también anunció otros USD 100 millones en asistencia en “planificación, apoyo de inteligencia, transporte aéreo, comunicaciones y apoyo médico”.

Si bien la mayor parte de ese dinero se tomaría de partidas de dinero que tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Defensa ya tienen asignados del año fiscal anterior, por lo que no requerírían aprobación del Congreso, de todas formas sí se requiere que los senadores y representantes aprueben la transferencia de fondos.

Ante el bloqueo que tiene el Congreso desde hace una semana por diferencias internas entre los republicanos, la transferencia de esas partidas aún no se han podido aprobar y hay incertidumbre de cuándo eso se liberará.

La Cámara de Representantes de EEUU, donde el Partido Republicano tiene mayoría desde las elecciones de medio término del año pasado, está bloqueada y no puede aprobar leyes hasta que tenga un nuevo presidente. Desde hace dos semanas los republicanos buscan un acuerdo interno para encontrar un sustituto, pero hasta ahora no lo han logrado.

Además de la falta de aprobación para el financiamiento de la misión en Estados Unidos, la misión a Haití enfrenta también escollos políticos -y temporalmente legales- en Kenia, país que liderará la intervención enviando 1.000 policías.

La oposición keniata, entre la cuál hay muchos legisladores que se oponen a la misión, entiende que para desplegar a los policías en el extranjero debe haber una aprobación del Parlamento de ese país.

Por eso, los legisladores plantearon un recurso ante la Corte Suprema del país pidiendo bloquear el envío de efectivos, algo que fue aprobado por la Justicia de forma temporal. La Corte decidió la semana pasada habilitar un amparo que impide el despliegue de la misión -que de todas formas no tiene fecha prevista- hasta el próximo martes 24 de octubre, día que será un nueva audiencia en la que deberá escuchar los planteos del gobierno y la oposición sobre el reclamo.