La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción, implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para acabar con la pandillas, asciende a más 71.770, según informó este lunes el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.
“Tenemos a la fecha, y luego de un año de implementación, 71.776 capturas”, comentó el funcionario durante una entrevista matutina en un canal local.
Villatoro señaló que las autoridades de Seguridad salvadoreñas “tienen comunicación” con las de México, Belice, Guatemala e “incluso con las Estados Unidos” para que se capturen a miembros de dichas estructuras que “han huido a esos países”.
Apuntó que, “gracias a esta colaboración”, se han localizado y detenido a aproximadamente 30 personas en Guatemala, “arriba de 15″ en Belice, “entre 4 o 5″ en Honduras y aproximadamente 3 en Costa Rica.
Además, apuntó que a la fecha se han capturado a “1.100 cabecillas (líderes) de pandillas” y que en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel con capacidad para al menos 40.000 pandilleros, hay 12.500 detenidos, todos miembros de pandillas, según el ministro.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado 11 de julio la decimosexta ampliación por 30 días de la medida de excepción que suspende varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.
Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13.581 “hechos violatorios”, de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95,32%, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado.
El pasado 14 de julio, el Estado de El Salvador negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de las organizaciones humanitarias sobre atropellos, acoso a la prensa y torturas.
La organización que vela por los derechos humanos había llamado al gobierno de Bukele el pasado mes de abril a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción “instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana”.
“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado.
Agregó que “la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común” y destacó que se habrían registrado “188 días sin homicidios en los últimos 12 meses”.
La CIDH indicó también que “ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas”.
“También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”, acotó.
“El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia - tanto el control así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana - se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho”, concluyó la CIDH.
(Con información de EFE)
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