
Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán y definida como grupo terrorista por los Estados Unidos, está recurriendo a un "mini-Estado" de lavado de dinero en América Latina, que representa un riesgo creciente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, según un informe publicado este martes.
El texto afirma que las actividades ilícitas en la llamada región de la triple frontera, que une a Brasil, a la Argentina y a Paraguay, han sido una fuente de preocupación para los funcionarios de seguridad estadounidenses: después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se convirtió en un objetivo de vigilancia como un refugio para los terroristas en el Hemisferio Occidental.
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Pero ahora la crisis política de Venezuela y la inflación argentina, junto con la corrupción arraigada y la aplicación laxa de la ley, están ayudando a alimentar una economía ilícita estimada en 43 mil millones de dólares al año, superando con creces el producto interno bruto de Paraguay, según el informe.

El informe, de acuerdo con lo que publica The Wall Street Journal, fue preparado por la consultora de riesgo político Asymmetrica y publicado conjuntamente con Counter Extremism Project, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.
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La facilidad de blanqueo de productos obtenidos ilícitamente y la economía de los cigarrillos del mercado negro, el narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas han atraído a organizaciones delictivas de todo el mundo.
"Se ha convertido en un epicentro, o un centro comercial, de todos los bienes ilícitos y dinero que necesitan para financiar sus operaciones", dijo Stuart Page, uno de los autores del informe.
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"Si quieres hacer algo en suelo estadounidense, conseguirías allí el material", agregó Page, ex funcionario de seguridad australiano. "Puedes comprar lo que quieras, puedes encontrar lo que quieras".

Luego de que se estableciera una zona de libre comercio en la región en 1970, los cárteles regionales de la droga se aprovecharon de funcionarios corruptos de los Gobiernos y de una débil seguridad fronteriza para mover sus productos y lavar dinero en efectivo en la región. Los expertos en seguridad dicen que, a lo largo de los años, el área de la triple frontera efectivamente institucionalizó la corrupción.
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El dinero que se envía a Hezbollah desde las redes ilegales libanesas es una preocupación particular para las autoridades de los EEUU. Especialmente cuando la administración de Trump aumenta la presión sobre Irán y sus representantes. El grupo es una fuerza política y militar en el Líbano, al desempeñar un papel importante en la guerra civil siria al apoyar al dictador Bashar al Assad junto con Rusia e Irán.
Los autores del informe dijeron que la alta tasa de inflación de la Argentina está ayudando a impulsar actividades ilícitas, a medida que las redes criminales venden sus bienes y servicios ilegales a un mayor valor a través de su frontera. Y a medida que otros países, como Panamá, trabajan cada vez más con los EEUU. Para cortar los lazos con Venezuela, la región de la triple frontera ha atraído el comercio ilegal de bienes, personas y efectivo de Venezuela, cuyo Gobierno es acusado por los EEUU de facilitar el narcotráfico.
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Vanessa Neumann, coautora del informe, dijo que la región se está convirtiendo en uno de los centros más fáciles para lavar fondos en el mundo, un lugar donde camiones blindados recorren las calles de Foz do Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay llevando cargas de efectivo, pero donde los bancos que ofrecen crédito son escasos.
"Está en camino de convertirse en un subestado económicamente independiente y totalmente criminalizado", dijo Neumann, ex miembro de la Fuerza de Tarea contra el Tráfico Ilícito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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Los cárteles de drogas de Bolivia, Colombia, México y Brasil, así como los grupos del crimen organizado de China, junto con una gran comunidad mercantil libanesa, operan en el área. También lo hacen las mafias de Corea, Hong Kong y Rusia, dijo Asymmetrica, que dirigió un equipo de observación al área para su investigación.
Un gran número de inmigrantes libaneses llegaron a la región después de las guerras árabe-israelíes en la década de 1950 y nuevamente en la década de 1980 después de la Guerra Civil Libanesa. Aunque se cree que solo una pequeña porción de la población apoya directamente a Hezbollah, las redes delictivas que se han descubierto a lo largo de los años representan un riesgo significativo para los intereses de los EEUU.
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Según los fiscales argentinos, individuos libaneses en la región de la triple frontera apoyaron los bombardeos de la embajada israelí y un centro cultural judío en Buenos Aires (AMIA) en la década de 1990, que mataron a decenas de personas. Más recientemente, muchos de los individuos sancionados por los Estados Unidos -por financiar al Hezbollah- todavía operan en la región, según análisis en los EEUU y casos judiciales recientes.

A principios de este año, el Departamento de Justicia de los EEUU estableció un grupo de trabajo de fiscales con experiencia en casos que involucran el tráfico de drogas, el crimen organizado y el lavado de dinero para atacar las operaciones de financiamiento de Hezbollah. Los analistas esperan que las operaciones ilícitas fuera de la región capten la atención del equipo de trabajo.
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Los Gobiernos federales de la región han reconocido que existe un problema, pero a lo largo de los años no han podido frenar las actividades ilícitas allí.
El Gobierno de Paraguay ahora está trabajando con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las autoridades federales brasileñas para eliminar el lavado de dinero en la región. Asimismo, el gobierno argentino acordó albergar más agentes de la DEA en la región.
Pero los autores del informe dijeron que el alcance del problema requiere una solución mucho más completa, que incluya una mayor participación del Grupo de Acción Financiera y el poder del Fondo Monetario Internacional.
El FMI, por ejemplo, podría exigir a la Argentina que refuerce su supervisión contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la corrupción como condiciones fundamentales para los préstamos de rescate que Buenos Aires solicita al prestamista de emergencia.
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