Toronto (Canadá), 20 nov (EFE).- La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, advirtió este viernes de que el Gobierno canadiense demandará al fabricante de automóviles Stellantis por cientos de millones de dólares si sigue adelante con la venta de su planta de Brampton (Ontario), aunque ofreció nuevas ayudas públicas si mantiene la instalación y protege los empleos.
"Si siguen adelante y venden la planta, se enfrentarán a acciones legales del Gobierno de Canadá por cientos de millones de dólares", declaró Joly a los medios antes de reunirse con el consejero delegado mundial de Stellantis, Antonio Filosa.
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En el encuentro, previsto para esta tarde, también participarán el primer ministro de Ontario, Doug Ford; la presidenta del sindicato Unifor, Lana Payne, y el máximo responsable de Stellantis en Canadá, Trevor Longley.
Joly aseguró que Ottawa y Ontario están dispuestos a ofrecer incentivos económicos para mantener la producción en Brampton, siguiendo el modelo de los acuerdos alcanzados con Ford, Honda y Toyota.
La disputa se desencadenó después de que Stellantis acordase vender la fábrica de Brampton, donde trabajaban unos 2.200 empleados, al fabricante canadiense de vehículos blindados Roshel.
El Gobierno canadiense considera que la operación incumple los compromisos adquiridos por Stellantis en 2022, cuando Ottawa aprobó ayudas de hasta 529 millones de dólares canadienses (370 millones de dólares estadounidenses o 337 millones de euros) para modernizar sus instalaciones de Brampton y Windsor.
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Stellantis sostiene que solo debe devolver 24 millones de dólares canadienses, pero Joly insistió en que los contratos vinculan las inversiones en ambas fábricas y en una planta de baterías, por lo que las posibles reclamaciones son mucho mayores.
La ministra realizó las declaraciones durante una visita a la planta de Ford en Oakville, donde destacó una inversión de casi 5.000 millones de dólares canadienses para fabricar camionetas Super Duty, respaldada con más de 400 millones de dólares canadienses de fondos federales.
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Joly reconoció que los aranceles estadounidenses del 25 % sobre las importaciones de automóviles están perjudicando gravemente a la industria canadiense y justificó la intervención pública para proteger el empleo. EFE
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