Guadalajara (México), 18 nov (EFE).- La activista mexicana e hija de desaparecidos Alejandra Cartagena López trabaja con el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para elaborar una guía que oriente a familiares de personas desaparecidas acerca de los mecanismos de protección de sus derechos y reparación del daño por parte del Estado.
“Que un organismo internacional les diga cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene una desaparición más allá de la búsqueda y de la investigación, que es donde se han centrado los Estados”, dijo Cartagena en entrevista este miércoles con EFE en Guadalajara (Jalisco, oeste), al destacar que el documento busca orientar a los gobiernos sobre cómo atender las múltiples implicaciones legales y administrativas que conlleva la ausencia de un familiar.
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"Eso también es importante porque pone en la mesa las obligaciones que tiene (el Estado)", subrayó.
La académica y activista por los derechos humanos explicó que la mayoría de los países se enfocan en estrategias de búsqueda e identificación mediante las propias fiscalías o comisiones especiales, pero las familias enfrentan otros problemas más cotidianos que deben ser atendidos.
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Estos tienen que ver, explicó, con la subsistencia económica, el acceso a la salud, la educación y la vida digna de niñas, niños y adolescentes, de las parejas o de los padres que son víctimas indirectas de una desaparición forzada y que quedan desprotegidas.
En el caso de México existe la Declaración de Ausencia, un recurso legal que protege la personalidad jurídica de la persona desaparecida para, por ejemplo, que no le despojen de sus bienes, que su familia siga subsistiendo y queden a salvo sus derechos hasta su localización.
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“¿Cómo llevas a cabo acciones para (proteger a) esa familia, esos niños, esas niñas, adolescentes o esa mujer que está en un tratamiento de cáncer. De alguna manera el Estado tiene que subsanar. La Corte Interamericana habla de verdad, de justicia y de reparación integral con un enfoque transformador”, enfatizó.
Cartagena López fue elegida por la ONU para colaborar en esta guía por su larga trayectoria jurídica y por su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas.
Su padre fue asesinado y su madre desaparecida en 1978 por pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre, una guerrilla urbana de la década de los años 70 en México.
Cartagena contó que crecer en ese entorno la llevó a estudiar derecho y a colaborar con colectivos desde su juventud para buscar a sus familiares y a los de otras personas, labor que desarrolla como parte del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), donde acompaña los casos en Jalisco.
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La activista destaca que la desaparición forzada que vive México y que afecta a adolescentes y jóvenes es producto de décadas de omisiones y complicidad por parte de los gobiernos federales desde el cambio democrático con el expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006).
“No se tuvo el reconocimiento (del problema) y esta bolita de nieve creció. Tenemos 72.000 cuerpos sin identificar en el país porque el Estado no está preparado y hay un poder de la delincuencia organizada en diferentes territorios del país que no sería si no hubiera complicidad del Estado”, concluyó.
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En abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió aplicar en México, por primera vez en su historia, el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, mediante el que se puede solicitar a la Asamblea General la consideración con urgencia de un fenómeno de desaparición forzada si hay indicios bien fundados de que es generalizado o sistemático.
En México, hay más de 130.000 personas aún sin localizar, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza las desapariciones desde 1950. EFE
(foto)(video)
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