
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el tribunal surgido de los acuerdos de 2016 con las extintas FARC, ha pedido a ocho exmiembros de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas colombianas reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos entre los años 80 y 90.
En un fallo en el que han especificado que entre estos delitos se encuentran tortura, asesinatos y desapariciones contra integrantes de la Unión Patriótica y otros grupos pandilleros, la JEP ha apuntado además a casos emblemáticos del conflicto armado, como la desaparición forzosa de Nydia Érika Bautista en 1987.
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El tribunal de justicia transicional ha determinado que diversas instancias adscritas al Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia y a la Brigada XX, con el conocimiento de la Dirección de Inteligencia del Ejército, participaron de manera "sistemática" en la ejecución de dos patrones cuyo propósito central era "impedir un levantamiento insurreccional en la capital del país", Bogotá.
Por su parte, el segundo patrón habría incurrido en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas y homicidios dirigidos contra integrantes de las guerrillas del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
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