La Comisión Europea apunta que el debate sobre financiación climática vuelve a cobrar fuerza en COP31

Lisboa, 9 nov (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, consideró este lunes en que el debate sobre la financiación climática volverá a cobrar fuerza en la COP31, que comienza hoy en Antalya (Turquía).

En declaraciones a periodistas en Lisboa, Ribera recalcó que esta edición de la cumbre pretende "profundizar en la idea de acción", y no tanto en la negociación, en un momento en el que es necesario "acelerar la respuesta climática".

"Seguro que el debate sobre financiación climática vuelve a cobrar fuerza en esta conferencia. Pensemos que la del año que viene será en Adis Adeba, en Etiopía, y las cuestiones de financiación del cambio climático y seguridad son capitales", agregó.

Según las últimas proyecciones de la ONU, el planeta va en camino a un calentamiento de 2,8 grados centígrados a finales de este siglo con las políticas actuales, lejos del límite de 1,5 grados del Acuerdo de París de 2015.

En su opinión, ante el reto de descarbonizar las economías, "lo más sencillo" es "facilitar la electrificación del uso final de la energía, del consumo final de la energía, facilitar la eficiencia, facilitar el ahorro y utilizar las herramientas, las tecnologías de proximidad que no generan nuevas dependencias como son las energías renovables".

Por ese motivo, vio con buenos ojos la propuesta turca de elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía para 2035, desde el actual 20 %.

Asimismo, consideró que puede ser "un buen momento" para recuperar el debate sobre la transferencia de tecnología y que no sea utilizada como "una herramienta de presión geopolítica".

Otro aspecto que planteó fue la importancia de la adaptación y resiliencia ante el cambio climático, lo que puede atraer inversiones y evitar pérdidas.

"La dedicación de fondos específicos, de transferencia de recurso público de un país a otro sigue siendo importante, pero no es la manera de cambiar el conjunto de la economía global", aseveró Ribera.

Y añadió que es necesario implicar al sector asegurador, las entidades financieras, los bancos de desarrollo y los gobiernos en la búsqueda de inversiones adecuadas para afrontar el cambio climático y evitar que los recursos públicos y privados se destinen a proyectos que puedan quedar obsoletos por no ser compatibles con un «escenario climático diferente».

La Unión Europea quiere que la COP31 de Turquía sirva para implementar los compromisos climáticos, acelerar la transición energética y forjar alianzas, pero avisa de que no asumirá nuevas promesas de financiación en esta cumbre.

"No hay sitio ni apetito para más compromisos financieros (...). No es no", aseguraron este viernes fuentes europeas, en vísperas de la conferencia de Naciones Unidas que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre.

Madrid, 9 nov (EFE).- Los gobiernos de todo el mundo dedican cada año 842.000 millones de dólares (unos 747.500 millones de euros) en ayudas de apoyo a la agricultura, una cantidad que podría destinarse a prácticas más sostenibles para el clima, según un estudio.

El informe fue presentado este lunes en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía) por el Grupo de expertos de alto nivel para una transición rural justa, presidido por el antiguo mandatario de Costa Rica Carlos Alvarado.

De acuerdo con los autores, algunos subsidios agrícolas entran en conflicto con los compromisos climáticos de los gobiernos, ya que fomentan el uso excesivo de fertilizantes y prácticas agrícolas que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y dañan el medioambiente.

El documento recomienda redirigir el gasto en prácticas que ayuden a reducir emisiones, proteger la naturaleza, fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar los medios de vida en el medio rural, sin necesidad de un mayor gasto público.

"En un momento en el que los gobiernos se enfrentan a una enorme presión financiera, tenemos la oportunidad de replantearnos cómo utilizamos los recursos ya disponibles", aseguró Alvarado en un comunicado.

Los autores del informe, entre ellos científicos, investigadores, responsables políticos y líderes de organizaciones filantrópicas y no gubernamentales, analizaron casos como los de Malaui, Sri Lanka, Brasil, Costa Rica y Vietnam e identificaron una serie de "barreras institucionales" que frenan los avances.

En concreto, los subsidios generan beneficios inmediatos para los agricultores, las empresas agrarias y los proveedores de insumos, mientras que los costes ambientales se extienden por toda la sociedad y tardan años en hacerse evidentes.

Para superar esa situación, se han identificado estrategias como crear alianzas de agricultores, compañías y organizaciones ambientales para fomentar el cambio, compensar a quienes puedan perder las subvenciones existentes y ofrecer a los productores alternativas "creíbles" antes de retirarles el apoyo.

Además, los expertos sugieren recompensar las mejores prácticas en el campo, incentivando un uso más eficiente de fertilizantes, suelos más sanos y la reducción de emisiones; invertir en servicios agrarios como investigación, riego, caminos rurales e información climática, y apoyar directamente a los hogares vulnerables con transferencias monetarias, programas de alimentación escolar y otras medidas contra la pobreza y el hambre.

Con ese informe se da inicio a una campaña de un año a favor de modificar las subvenciones agrícolas y con la aspiración de que en la COP32 las opciones disponibles se traduzcan en "compromisos concretos de reforma".

Luis Lidón

Antalya (Turquía), 8 nov (EFE).- La cumbre climática de la ONU en Antalya (COP31) comienza el lunes con la ambición de pasar de las palabras a los hechos y facilitar el acceso al dinero para afrontar el calentamiento a quienes más lo necesitan, en un mundo plagado de disputas geopolíticas y comerciales, y sin la presencia del Gobierno de Estados Unidos.

La conferencia reunirá hasta el 20 de noviembre a representantes de casi 200 países bajo una fórmula inédita: Turquía ejercerá la presidencia formal y Australia dirigirá las negociaciones.

Ambos países quieren que Antalya convierta los compromisos ya existentes en medidas concretas, pero las diferencias sobre quién paga y cómo abandonar los combustibles fósiles amenazan con limitar los resultados, que además se alcanzan por consenso.

"La COP31 es la COP de llevar los compromisos a la práctica", dijo recientemente el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, presidente de la conferencia.

Defendió un enfoque más práctico porque, "al igual que los efectos devastadores de la crisis climática se hacen sentir, los resultados también se deberían ver".

La cita llega cuando los estragos de la crisis climática se agravan y las últimas proyecciones de la ONU sitúan al planeta rumbo a un calentamiento de 2,8 grados a finales de este siglo con las políticas actuales, lejos del límite de 1,5 grados del Acuerdo de París de 2015.

"La financiación será el principal escollo", afirma Cosima Cassel, experta en diplomacia climática y geopolítica del centro de estudios europeo E3G.

El dinero es clave porque muchos países en desarrollo condicionan la aplicación de sus planes climáticos para reducir emisiones a la llegada de financiación.

Cassel advierte de que las restricciones presupuestarias de los países desarrollados, incluidos los de la Unión Europea (UE), dejan poco margen para nuevas aportaciones.

En la COP29 de Bakú, en 2024, se acordó movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035, dentro de un objetivo más amplio de alcanzar 1,3 billones anuales de fuentes tanto públicas como privadas.

Pese a acordar ese objetivo, existen diferencias sobre quién debe aportar esos recursos, cuánto procederá de dinero público y qué parte llegará mediante préstamos e inversión privada.

La forma de canalizar el dinero resulta crucial para los Estados más vulnerables, que exigen más subvenciones y créditos baratos, porque endeudarse para la reconstrucción tras un desastre climático les resta recursos para prepararse para el siguiente.

"Hay medidas que pueden adoptarse para reducir el coste del capital para los países en desarrollo y mejorar su acceso a la financiación", sostiene Cassel.

Simplificar los trámites, ofrecer garantías y adaptar los instrumentos financieros a las necesidades de cada país son algunas de las ideas para avanzar.

La principal apuesta de la presidencia turca, apoyada por Australia, es elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía para 2035, desde el actual 20 %.

La propuesta conecta la reducción de emisiones con la seguridad energética, ya que las renovables disminuyen la dependencia de suministros expuestos a guerras y bloqueos como el del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, requiere grandes inversiones en generación, redes y almacenamiento, además de apoyo para los Estados que no puedan asumir los costes.

La propuesta busca extender el uso de electricidad en sectores que todavía dependen de los combustibles fósiles, como el transporte, la industria y la calefacción, mediante tecnologías como los vehículos eléctricos y las bombas de calor.

Sin embargo, incluso esta iniciativa, presentada como un camino menos conflictivo para reducir emisiones, puede encontrar resistencia entre los países productores de petróleo y gas, que temen que acelere la pérdida de demanda de sus exportaciones.

Una de las incógnitas será si la presidencia consigue incorporar la electrificación a la declaración política final de Antalya o si termina relegada a los compromisos voluntarios.

La conferencia llega tres años después de que la COP28 de Dubái acordara impulsar una transición para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, una formulación que no se ha traducido en una hoja de ruta vinculante por el bloqueo de productores petroleros como Arabia Saudí.

Brasil, que presidió la COP30 de Belém, presentó esta semana dos propuestas para acelerar el abandono de los combustibles fósiles y frenar la deforestación antes de 2030, aunque ambas iniciativas son voluntarias.

China ha anunciado que llevará a la cumbre el debate sobre los aranceles que la UE, entre otros, impone a sus tecnologías limpias, como los vehículos eléctricos y los paneles solares, fundamentales para acelerar la transición energética.

Además, Pekín, junto a la India y varios países africanos, también cuestiona instrumentos como el mecanismo de la UE de "ajuste en frontera por carbono", que grava algunas importaciones, como el acero, según las emisiones asociadas a su producción.

Sus detractores consideran que estas medidas son proteccionistas, mientras que la UE justifica que se evita así trasladar la producción a países con normas ambientales menos exigentes.