Lisboa, 5 nov (EFE).- El secretario general del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, acusó al Gobierno de Portugal de "intransigente" tras una reunión de más de una hora y media en la que trataban de buscar soluciones al problema de la vivienda y acercar posturas respecto a la nueva ley de alquileres que busca impulsar el Ejecutivo.
Carneiro se reunió este jueves con el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, que convocó esta semana a los partidos de la oposición para dialogar y buscar soluciones políticas a la crisis de vivienda, que ha sido motivo de protestas y acampadas en las últimas semanas en el país.
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"Lamento que no haya sido posible llegar a un acuerdo en lo que era esencial para dar respuesta a las cuestiones fundamentales de los jóvenes y las familias. Lamento, además, la intransigencia del propio primer ministro y del Gobierno respecto a la posibilidad de empezar a construir un nuevo proceso, un proceso desde cero para una nueva ley de arrendamientos", dijo en declaraciones a la prensa tras el encuentro el líder socialista.
Agregó que tienen "una visión muy diferente" sobre cómo se debe responder a las necesidades de vivienda, a la vez que insistió en que no apoyarán iniciativa del Ejecutivo sobre la ley de alquiler porque es "contraria" a sus valores fundamentales.
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Carneiro explicó que el Gobierno rechazó su propuesta de constituir un equipo conjunto para elaborar una nueva ley de alquileres y hubo desacuerdo en los asuntos considerados esenciales para los socialistas, por lo que no se fijaron nuevas reuniones.
En las últimas semanas se han sucedido las marchas multitudinarias y las acampadas en Lisboa y Oporto, que han sido escenario de cargas policiales para desalojar las tiendas entre denuncias de exceso del uso de la fuerza.
Los movimientos sociales exigen retirar la reforma del arrendamiento de Montenegro, que superó su primera votación parlamentaria el 30 de septiembre gracias a la abstención de Chega.
La propuesta contempla flexibilizar condiciones del alquiler y acelerar los desahucios por impago, medidas que los colectivos consideran favorables a los propietarios y perjudiciales para los inquilinos.
Por su parte, Montenegro afirmó este martes que al Gobierno le corresponde "escuchar y decidir", y defendió la apertura de un diálogo político, al asegurar que el Ejecutivo está "abierto al diálogo y a las aportaciones de todos".
La iniciativa coincide con la tramitación parlamentaria del Presupuesto del Estado para 2027, cuya aprobación obliga al Gobierno de Montenegro, que está en minoría, a buscar apoyos entre los demás partidos. EFE
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