
La Unión Europea comenzará a aplicar este domingo, 1 de noviembre, una nueva tasa de gestión de 2 euros por artículo a los productos adquiridos por Internet fuera del bloque comunitario, una medida que se suma al arancel de 3 euros vigente desde julio para las compras de menos de 150 euros y que busca reforzar los controles aduaneros ante el aumento de los envíos procedentes de plataformas como Shein y Temu.
El nuevo recargo, cuya cuantía ha sido fijada por la Comisión Europea en el marco de la reforma aduanera aprobada en septiembre, deberá ser abonado por la entidad responsable de los gastos de importación, con el objetivo de evitar que recaiga directamente sobre el consumidor final, y se aplicará en todos los Estados miembro a partir del próximo domingo.
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A diferencia del gravamen introducido este verano, que puso fin a la exención de derechos aduaneros de la que disfrutaban hasta entonces las mercancías de bajo valor, esta tasa está destinada a compensar los costes que soportan las autoridades nacionales para tramitar y supervisar los envíos, desde la comprobación de la información facilitada hasta los análisis de riesgos y las inspecciones físicas cuando resulten necesarias.
La medida responde al fuerte crecimiento del comercio electrónico procedente de terceros países, después de que en 2025 entraran en el mercado comunitario unos 5.900 millones de artículos de bajo valor, cuatro veces más que en 2022, de los que alrededor del 90% procedían de China, según los datos de Bruselas.
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Este incremento ha elevado la presión sobre los servicios aduaneros y ha complicado la detección de mercancías que incumplen las normas europeas de seguridad y protección de los consumidores, además de generar preocupación por la competencia que afrontan las empresas establecidas en la Unión frente a vendedores extranjeros.
La nueva tasa de gestión será independiente del arancel temporal de 3 euros que se cobra desde el pasado 1 de julio a los artículos importados en envíos cuyo valor no supere los 150 euros, después de que la UE eliminara la exención que permitía introducir estas compras sin pagar derechos aduaneros.
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En este último caso, el importe se calcula por categoría de producto y no por paquete completo, de manera que un envío con varios artículos de la misma clasificación aduanera puede estar sujeto a un único gravamen de 3 euros, mientras que otro que contenga mercancías de diferentes categorías deberá abonar esa cantidad por cada una de ellas.
Este sistema transitorio se mantendrá hasta julio de 2028, cuando está previsto que comience a funcionar la nueva plataforma europea de datos aduaneros para el comercio electrónico, que permitirá sustituir el gravamen fijo por los aranceles ordinarios correspondientes a cada mercancía.
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LOS CONSUMIDORES PIDEN REFORZAR LOS CONTROLES
Por su parte, la Organización Europea de Consumidores ha celebrado la introducción de la nueva tasa, al considerar que permitirá dotar a las autoridades aduaneras de más recursos para detectar productos peligrosos o ilegales, aunque ha advertido de que su eficacia dependerá de que los Estados miembro destinen los ingresos recaudados a reforzar los controles.
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La organización también ha expresado su preocupación por la posibilidad de que algunas plataformas trasladen estos costes a los compradores en las últimas fases del proceso de compra, una práctica que, según recuerda, contravendría la normativa europea que obliga a informar por adelantado del precio total.
"Ahora la prioridad debe ser garantizar que los importadores paguen la tasa, no los consumidores, y que los Estados miembro la utilicen para el fin para el que fue concebida: reforzar realmente la capacidad aduanera y proteger a los consumidores", ha señalado el director general de la agrupación, Agustín Reyna.
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MAYOR RESPONSABILIDAD PARA LAS PLATAFORMAS
La introducción de estos recargos forma parte de una reforma más amplia con la que la Unión pretende reforzar la responsabilidad de las plataformas y los vendedores que comercializan productos desde terceros países, que pasarán a ser considerados importadores y deberán garantizar tanto el cumplimiento de las obligaciones aduaneras como de las normas comunitarias aplicables a sus mercancías.
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De este modo, operadores como Shein y Temu tendrán que facilitar a las autoridades la información necesaria sobre los productos que introducen en el mercado europeo, hacerse cargo de los pagos correspondientes y asegurar que los artículos cumplen los requisitos de seguridad y otras exigencias legales de la UE.
La normativa contempla además sanciones para las empresas que incumplan reiteradamente sus obligaciones, con multas que en los casos más graves podrán alcanzar el 6% del valor de las mercancías importadas durante el año anterior, así como la retirada de determinadas ventajas aduaneras e incluso restricciones de acceso a las plataformas.
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Para facilitar estos controles, la reforma prevé también la creación de una Autoridad Aduanera Europea, con sede en la ciudad francesa de Lille, que coordinará la actuación de los Estados miembro y gestionará un sistema común de información sobre las importaciones y exportaciones.
Esta plataforma comenzará a utilizarse para el comercio electrónico en 2028 y se abrirá progresivamente al resto de empresas a partir de 2031, con el objetivo de convertirse en el punto único obligatorio de entrada de datos aduaneros de la UE en 2034, lo que permitirá simplificar los trámites y mejorar la detección de mercancías de riesgo.
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