EEUU sanciona a un antiguo jefe de la Policía acusado de crímenes de guerra por el TPI

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra Osama al Masri Nayim, un antiguo jefe de la Policía de Libia sobre el que pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por supuestos crímenes de guerra.

"Hoy designamos al exfuncionario de la Policía judicial libia Osama al Masri Nayim por su papel en la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante a los detenidos. La Administración del presidente (Donald) Trump no tolerará la violencia y el abuso contra los cristianos o miembros de otros grupos minoritarios religiosos", ha afirmado en un comunicado.

Así, ha indicado que estas medidas también afectan a su mujer, Aml Faraj Mohamed Majluf, y ha señalado que ambos tendrán prohibida la entrada al país norteamericano por el trato "cruel, inhumano y degradante a los detenidos en las prisiones libias". "Sus actos, que incluyen asesinatos, trabajos forzados y ataques contra cristianos y miembros de otros grupos minoritarios, lo convierten en un peligro para el pueblo de Libia y para Estados Unidos.

"La medida adoptada por el Departamento de Estado demuestra, una vez más, el compromiso inquebrantable de la Administración a la hora de exigir responsabilidades a los autores de abusos y de proteger al pueblo estadounidense frente a sus actos", ha apostillado.

El hombre, director de la prisión de Mitiga, cerca de Trípoli, fue detenido a principios de enero por las fuerzas de seguridad italianas en la ciudad de Turín en cumplimiento de una orden de arresto emitida por el TPI por torturas y violaciones cometidas en 2015 presuntamente en centros penitenciarios libios.

A finales de ese mismo año, las autoridades de Libia reconocidas internacionalmente confirmaron que había sido deportado desde Italia después de varios meses en prisión, en un caso que desató una investigación contra varios altos cargos italianas, incluida la primera ministra, Giorgia Meloni, que finalmente no fueron acusados de irregularidades.

Tras la deportación, el TPI pidió explicaciones a las autoridades de Italia e insistió en qu el Estatuto de Roma recoge "el deber de todos los Estados parte de cooperar plenamente en sus investigaciones y enjuiciamientos por crímenes", lo que habría implicado consultar con el tribunal cualquier posible contratiempo o decisión.

Además, Al Masri fue detenido el pasado mes de junio en suelo libio y condenado a una pena de más de siete años de prisión por violación de los Derechos Humanos.