Alemania, Italia y Polonia rechazan impuestos a la luz iguales o inferiores a los del gas como pide Bruselas

Alemania, Italia y Polonia, junto a otros países de la Unión Europea, han pedido este jueves retirar del plan de Bruselas para abaratar la luz la obligación de aplicar a la electricidad impuestos especiales iguales o inferiores a los del gas natural, al considerar que las decisiones fiscales deben negociarse por separado y contar con el acuerdo unánime de los Veintisiete.

La petición se ha producido durante la reunión de ministros de Energía de la UE celebrada en Luxemburgo, donde los gobiernos han debatido la reforma presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio para reducir las facturas de hogares y empresas, que también incluye modificaciones en los costes asociados al uso de las infraestructuras eléctricas.

En concreto, la propuesta busca establecer una relación entre los tributos que gravan ambas fuentes de energía, una condición que no contempla la normativa actual, que permite a cada Estado miembro fijar sus propios tipos dentro de unos mínimos comunes. Además, prevé posibles rebajas fiscales para las industrias con un elevado consumo eléctrico y criterios comunes para calcular los peajes que pagan los consumidores por utilizar las redes de transporte y distribución.

En este contexto, Alemania ha advertido de que no ve una "base legal suficiente" para introducir estas disposiciones fiscales en una legislación sobre el mercado eléctrico, por lo que ha pedido eliminar ese apartado de la propuesta, una posición compartida por Italia, que también ha cuestionado el procedimiento elegido por Bruselas.

En concreto, el Gobierno italiano ha alertado de que modificar los impuestos podría tener un "impacto significativo en los ingresos nacionales" si se reduce la carga fiscal sobre la electricidad, mientras que encarecer el gas podría resultar "económicamente insostenible para los hogares y para las empresas", por lo que ha reclamado suprimir el artículo que contempla estas medidas.

También Polonia ha considerado que incluir disposiciones fiscales en este reglamento "no es aceptable", al insistir en que deben negociarse mediante una legislación específica que exige unanimidad entre los Estados miembro, mientras que Finlandia ha advertido de que la propuesta podría limitar la capacidad de los gobiernos para decidir sobre sus propios impuestos.

"La Directiva sobre Fiscalidad de la Energía ya permite a los Estados miembros gravar la electricidad de manera más favorable que el gas natural", ha señalado la delegación finlandesa, que ha cuestionado la necesidad de introducir nuevas obligaciones y ha pedido retirar estas disposiciones.

A estas críticas se han sumado Malta, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Croacia y Luxemburgo, que también han solicitado eliminar las medidas fiscales del texto, aunque varios de estos países han dejado claro que comparten el objetivo de favorecer el consumo eléctrico frente a los combustibles fósiles.

Frente a las objeciones, el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha defendido que los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo consideran que la propuesta se ajusta a los tratados y ha insistido en que las medidas permitirían conseguir una reducción duradera de los costes eléctricos.

"No debemos hacer que consumidores y empresas no puedan beneficiarse de esta propuesta", ha señalado Jorgensen, que ha explicado que Bruselas no busca "poner parches para los consumidores", sino ofrecer "ahorros estructurales para todos" mediante una reforma de los costes de red y la fiscalidad.

ESPAÑA RECHAZA IMPONER TARIFAS COMUNES

Más allá de las diferencias sobre los impuestos, varios gobiernos han cuestionado que la Comisión pueda establecer una metodología común para calcular los peajes eléctricos, es decir, los importes que pagan hogares y empresas por utilizar las redes de transporte y distribución de electricidad.

España ha respaldado los objetivos generales de la reforma, pero se ha opuesto a que Bruselas imponga una estructura de tarifas igual para toda la UE, al considerar que las necesidades de las redes y las características de los sistemas eléctricos son diferentes en cada país.

"Si las hacemos obligatorias, puede tener consecuencias territoriales no deseadas en zonas despobladas o rurales, puede hacer que usuarios idénticos paguen peajes distintos y distorsionar las decisiones de los consumidores", ha advertido la delegación española, en referencia a la posibilidad de establecer precios diferentes según la ubicación geográfica.

En esta línea, ha defendido que los Estados miembro conserven capacidad para decidir cómo se calculan estos cargos, respetando la independencia de los reguladores nacionales, una posición compartida por Alemania, Italia y Francia, que también han cuestionado una armonización excesiva.

No obstante, en materia fiscal, la delegación española ha respaldado el objetivo de favorecer la electricidad frente a los combustibles fósiles y ha expresado su disposición a trabajar para alcanzar un acuerdo "ambicioso", sin pronunciarse expresamente sobre la petición de otros gobiernos de retirar las disposiciones tributarias del reglamento.