Las protestas por la vivienda desafían al Gobierno portugués, que busca apoyos

Lisboa, 21 oct (EFE).- El movimiento de protesta contra la crisis de la vivienda en Portugal se prepara este miércoles para desafiar de nuevo a las autoridades con el anuncio de que volverá a instalar tiendas de campaña en el centro de Lisboa, tras una intervención policial que dejó 55 detenidos, mientras el Gobierno busca apoyos para reformar la ley de alquileres.

Los manifestantes decidieron anoche, en una multitudinaria asamblea popular celebrada en la céntrica plaza del Rossio, reanudar este miércoles la acampada desmantelada por la Policía de Seguridad Pública (PSP) durante la madrugada del martes, cuando los agentes retiraron las tiendas y detuvieron a decenas de participantes por desobediencia.

La decisión desafía las advertencias del ministro de Administración Interna (Interior), Luís Neves, quien aseguró el martes que las acampadas habían terminado y que las autoridades no permitirían su continuación.

La situación amaneció este miércoles en relativa calma tanto en Lisboa como en Oporto, donde los manifestantes regresaron anoche a las plazas que habían ocupado durante los últimos días, aunque sin volver a instalar tiendas.

En Lisboa, miles de personas se congregaron en el Rossio para respaldar el movimiento, mientras que en Oporto más de un millar de manifestantes se reunió en la plaza de Dom João I y marchó hasta el Ayuntamiento.

La movilización se ha extendido también a otras ciudades portuguesas, con concentraciones de solidaridad contra el encarecimiento de la vivienda.

A partir de las 10.00 de la mañana (09.00 GMT) de este miércoles está previsto que comparezcan en los tribunales de Lisboa los 55 manifestantes detenidos durante la intervención policial que ayer fueron puestos en libertad ayer tras ser identificados.

La PSP justificó su intervención por la resistencia de los participantes a abandonar la plaza y aseguró que el uso de la fuerza se limitó a lo necesario, mientras algunos manifestantes denunciaron actuaciones violentas de los agentes.

En paralelo, el Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro, afronta dificultades para la reforma del régimen de alquileres, aprobada en una primera votación parlamentaria gracias a la abstención de Chega, el partido de derecha radical.

La iniciativa debe ser discutida y votada en detalle en el Parlamento, después de que Chega amenazara este martes con romper el acuerdo con el gobernante Partido Social Demócrata (centroderecha) si no se incorporan las modificaciones reclamadas por su formación.

Por su parte, el Partido Socialista (PS), segunda fuerza de la oposición, ha exigido la retirada de la reforma, al considerar que no ofrece una respuesta adecuada a los problemas del mercado del alquiler.

El ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, confirmó el martes su disposición a negociar con los socialistas modificaciones de la legislación, mientras el PSD mantiene abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos con otros partidos.

La coincidencia entre las protestas, las actuaciones policiales y las dificultades parlamentarias ha situado la vivienda en el centro de la agenda política portuguesa, en un país donde el encarecimiento de los alquileres y de la compra de inmuebles dificulta especialmente la emancipación de los jóvenes. EFE