Gobierno devuelve sus propiedades a ocho inversores de EEUU pero mantiene expropiados bienes por 45 millones

El Gobierno de Nicaragua ha entregado a los ocho de los nueve inversores estadounidenses sus bienes esta semana, después de que estuviesen afectados por la confiscación de propiedades de lujo en las playas de Tola, en el suroeste de Nicaragua tras una orden ejecutada inicialmente a finales de agosto por las autoridades gubernamentales.

Según ha revelado la cadena Telemundo 51, se ha comunicado la devolución de las propiedades --que habrían sido transferidas temporalmente al patrimonio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)-- a los afectados por vía telefónica sin que mediara documentación oficial ni una justificación formal sobre el proceso de incautación o restitución.

Pese a la devolución de ocho complejos residenciales, al menos uno de los inversores afectados continúa privado de sus activos, cuyo valor estimado asciende a unos 50 millones de dólares (unos 45 millones de euros). El afectado ha denunciado la pérdida de una vivienda de lujo, un hotel, una finca y otro tipo de propiedades sin que las autoridades hayan ofrecido explicaciones sobre el mantenimiento de la medida cautelar sobre su patrimonio.

El afectado ha detallado a la cadena que cuando su vivienda fue tomada, las personas que entraron se identificaron como parte del "Gobierno de Nicaragüa".,

"Me avisaron la gente que trabajaba conmigo, diciendo que alguien del Gobierno entro allí, preguntó por las llaves y sacaron a toda la gente", ha afirmado el inversionista norteamericano, quien ha declarado bajo anonimato a la cadena.

A principios de octubre, diversas investigaciones periodísticas destaparon la toma por la fuerza de estas instalaciones, las cuales fueron adscritas al INSS y puestas bajo control estatal en el marco de una serie de expropiaciones que han afectado a jubilados y capitales extranjeros en la zona costera nicaragüense.

Representantes de los afectados han advertido de que la restitución carece de garantías jurídicas estables ante la ausencia de resoluciones formales que amparen la propiedad de los afectados.