Ciudad de México, 17 oct (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron este sábado al exfiscal general de Chihuahua (norte) César Gustavo Jáuregui Moreno por posibles irregularidades cometidas como funcionario, en un caso vinculado con la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tras un operativo antidrogas.
La detención fue dictada por un juez el viernes, que acusa a Jáuregui Moreno de ejercicio ilegal del servicio, y que también reclama el arresto de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exresponsable de operaciones estratégicas de la Fiscalía estatal, a quien también se le acusa de proporcionar información falsa a las autoridades, aunque no constaba confirmación aún de su captura.
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La investigación comenzó tras el desmantelamiento, entre el 17 y el 18 de abril, de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua.
El 19 de abril, dos agentes estadounidenses de la CIA murieron cuando el vehículo en que viajaban se precipitó por un barranco.
En el accidente fallecieron también Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el policía Manuel Genaro Méndez Montes.
Las pesquisas revelaron que personal estadounidense acompañó al grupo de seguridad estatal sin autorización del Gobierno federal y que su presencia no se comunicó a los mandos superiores, según informaron autoridades mexicanas.
Jáuregui renunció el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales de información y supervisión sobre esa colaboración.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos investigaciones: una relacionada con el laboratorio y otra con la presencia de agentes extranjeros que realizaban actividades de seguridad.
El caso también alcanzó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia 'Maru' Campos, a quien la FGR citó en mayo como testigo, junto con Jáuregui, para esclarecer las responsabilidades en la cadena de mando.
Campos acudió a la Fiscalía federal el 27 de mayo, pero no declaró, al tiempo que cuestionó la legalidad del citatorio y denunció una supuesta persecución política. EFE
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