Madrid, 12 oct (EFE).- España junto a otros 28 países han suscrito una declaración conjunta en la que condenan de forma contundente los ataques violentos perpetrados por Irán, "que incluyen conspiraciones con fines letales, incendios provocados, sabotajes, ciberataques y otras actividades híbridas contra nuestras naciones y socios".
La declaración remitida por Exteriores está firmada además por Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.
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Los firmantes respaldan la conclusión del Reino Unido que atribuye a Irán la responsabilidad del incidente ocurrido en la base aérea RAF Fairford el 27 de septiembre, en Cambridgeshire (norte de Londres).
Señalan que el Reino Unido ha determinado además que este suceso pone de manifiesto la continua voluntad de la Guardia Revolucionaria Islámica de extender sus actividades hostiles más allá de sus fronteras a través de redes encubiertas y actores subsidiarios.
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Esto se produce poco después de la reciente campaña de ataques en toda Europa dirigida contra comunidades judías, periodistas iraníes e intereses estadounidenses, reivindicada por Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), añade Exteriores.
"Todo intento de Irán de amenazar, silenciar, intimidar, acosar, dañar o coaccionar a personas en nuestros territorios, ya sea mediante intermediarios o por cualquier otro medio, resulta absolutamente inaceptable", indica el comunicado, que advierte de que se adoptarán las medidas necesarias para identificar, investigar, neutralizar y llevar ante la justicia dichos actos.
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La declaración concluye: "Irán no debe albergar ninguna duda de que permanecemos unidos y seguimos comprometidos con la salvaguarda de nuestra soberanía y el fortalecimiento de nuestra coordinación internacional, así como con el refuerzo de nuestra resiliencia nacional, la protección de nuestras comunidades y la garantía de que los responsables rindan cuentas, concluyen los firmantes". EFE
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