La reforma del Estatuto Marco y la ley que prohibiría fumar en terrazas decaen tras la convocatoria de elecciones

La reforma del Estatuto Marco; el proyecto de ley del tabaco, que iba a prohibir fumar en terrazas de bares, y la futura norma que limitaría la colaboración público-privada son algunas de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Sanidad que han decaído tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

La cartera liderada por Mónica García ha puesto en marcha diversas reformas legislativas desde su nombramiento en noviembre de 2023. Sin embargo, el anuncio de comicios anticipados por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, implica la disolución de las Cortes Generales, por lo que los proyectos en tramitación deberán volver a empezar su desarrollo cuando se configure el nuevo Gobierno.

Entre las normas sanitarias que han sido frenadas, destaca el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que reformaba la norma vigente desde 2003 con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

El texto incluía la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas y limitaba la jornada de guardia a 17 horas. En paralelo, establecía el derecho a la conciliación laboral y personal y recogía medidas frente a las agresiones a sanitarios, además de una regulación específica de las plazas y puestos de difícil cobertura y la profesionalización de los puestos directivos.

El proceso de negociación de la reforma y el texto resultante ha suscitado críticas y movilizaciones sindicales, las más recientes por parte de las organizaciones médicas, que rechazan el proyecto y exigen una norma exclusiva para la profesión médica y facultativa que recoja sus especificidades.

Por ello, varias organizaciones sindicales convocaron una huelga indefinida a partir del 28 de octubre, cuya continuidad valorarán estos días en el seno del Comité de Huelga, según han informado a Europa Press fuentes de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

LEYES DE TABACO Y MEDICAMENTOS

Otro de los principales proyectos de ley sanitarios que ha quedado paralizado es el que extendía las restricciones al consumo de tabaco. Este texto ampliaba los espacios sin humo a terrazas de bares y restaurantes, playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos.

Asimismo, equiparaba los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados al tabaco convencional y recogía expresamente la prohibición de consumo de todos ellos por parte de menores de 18 años. También reforzaba las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio.

En este sentido, queda también sin realizar la reforma para introducir el empaquetado genérico del tabaco, una medida que los expertos consideran esencial para reducir su consumo y que el Ministerio de Sanidad afirmó que intentaría introducir en el trabajo parlamentario del proyecto de ley.

Tampoco saldrá adelante el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, con el que Sanidad buscaba garantizar el acceso equitativo a la innovación y asegurar el abastecimiento de fármacos críticos, así como fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante un modelo de evaluación independiente y sistemas de precios competitivos.

Fuentes ministeriales consideraban que esta norma permitiría un ahorro estimado anual de 2.100 millones de euros. El proyecto también contemplaba el reconocimiento formal de la capacidad de prescripción a enfermeros y fisioterapeutas.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y PACIENTES

También ha quedado en el aire el proyecto de ley que pretendía garantizar la gestión pública en la sanidad y limitar la colaboración público-privada. Para blindar el modelo público, la norma incluía la derogación expresa de la Ley 15/1997, eliminando las vías que permitieron la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública.

Además, ha decaído el proyecto de ley de organizaciones de pacientes, que buscaba dotar a estas entidades de un marco jurídico propio y garantizar su participación en el desarrollo de las políticas sanitarias. De este modo, la norma daba respuesta a una demanda de las propias organizaciones, que carecen de una regulación específica y diferenciada.

Junto a estos, ha quedado pendiente el proyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en los menores de edad, que recogía la realización de pruebas de alcoholemia a menores y mayores de edad en lugares y circunstancias específicas donde el consumo de alcohol está prohibido, como colegios e institutos.

Asimismo, buscaba prohibir el consumo de alcohol para todas las personas en centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas elementales artísticas, además de en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos, entre otras medidas.