El Gobierno colombiano propone cambios a la actuación de autoridades durante las protestas

Bogotá, 30 sep (EFE).- El Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, propuso modificar el protocolo que regula la actuación de las autoridades durante las protestas para permitir intervenciones policiales contra personas que incurran en actos violentos sin que sea necesario agotar previamente las etapas de diálogo, mediación y facilitación.

El proyecto de decreto, publicado este miércoles por el Ministerio del Interior para comentarios hasta el 4 de octubre, modifica el Decreto 003 de 2021, que establece el protocolo de acciones para la protección del derecho a la protesta pacífica y el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.

El borrador mantiene la presunción de que las manifestaciones "son pacíficas y establece que las actuaciones de protección deben dirigirse de manera individual" contra quienes cometan actos violentos y no contra la movilización en su conjunto.

La principal modificación se refiere a situaciones en las que desde el inicio de una concentración se identifique el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios, la retención de personas, agresiones contra terceros, servidores públicos, policías, personal médico o periodistas, o la destrucción de infraestructura.

En esos casos, la Policía "podrá intervenir contra quienes ejecuten esas conductas de manera simultánea al mantenimiento del diálogo con quienes se manifiesten pacíficamente".

La propuesta se conoce en un momento de creciente movilización de sectores sociales y sindicales contra el nuevo Gobierno en el que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y otras organizaciones, convocaron a una jornada nacional de movilización para el próximo 14 de octubre contra las políticas de De la Espriella.

El exviceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2025), Gabriel Rondón, cuestionó el proyecto y afirmó que va en contravía de lo establecido en decisiones de la Corte Suprema de Justicia y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2021.

"Además dejar solo 5 días para observaciones para un decreto tan importante, es una clara muestra que al Gobierno (...) no le interesa la participación ciudadana y mucho menos el debate democrático", escribió Rondón en su cuenta de X. EFE