Gobierno prevé aprobar este martes el decreto de vivienda, aunque el acuerdo con sus socios sigue en el aire

El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el Real Decreto ley de vivienda, bautizado por el Sindicato de Inquilinas como 'decreto Maricarmen', aunque el acuerdo sobre el contenido de la norma continúa abierto y varios de sus socios parlamentarios, incluido Sumar, que forma parte del Ejecutivo, han advertido este lunes de que todavía están "lejos" de respaldarlo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en manos de la socialista Isabel Rodríguez, ha reiterado su intención de llevar mañana el decreto al Consejo de Ministros de este mates, tras el desahucio en Madrid la semana pasada de la anciana de 87 años Maricarmen, y que ha motivado una acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol de la capital madrileña como medida de presión para aprobar nuevas medidas.

El Gobierno ya ha confirmado que el decreto incluirá una batería de medidas urgentes para "defender el derecho a la vivienda", entre ellas la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler.

En concreto, Vivienda trabaja con los grupos parlamentarios en un paquete de diez ámbitos de actuación cuya concreción continúa en negociación. Entre las medidas planteadas figuran la protección frente a los desahucios, la estabilización de los contratos de alquiler, la regulación del alquiler de temporada, la aplicación del IVA a los pisos turísticos, bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que reduzcan las rentas, ayudas para la compra de primera vivienda y el blindaje del parque estatal de vivienda.

Sin embargo, Sumar ha advertido de que el acuerdo sobre el texto "sigue muy lejos". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido que el decreto debe incluir "sí o sí" la prórroga de los alquileres, la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y medidas contra el fraude de los pisos turísticos. También ha reclamado un tope a los precios del alquiler y medidas sobre los fondos de inversión.

Las ministras de Sanidad y de Juventud e Infancia, Mónica García y Sira Rego, han coincidido también en que todavía no hay un acuerdo cerrado y han avisado de que no validarán un texto que no esté "a la altura".

Sumar insiste en tratar de incluir la expropiación del piso de Maricarmen en el decreto ley que el Gobierno de coalición está preparando, según indican fuentes del socio minoritario que, no obstante, admiten que podrían aceptar que esta medida se excluya finalmente del decreto para aprobarse en otra norma posterior. Ante esa posibilidad, aseguran que van a pugnar para que se apruebe cuanto antes en sesiones posteriores del Consejo de Ministros.

Fuentes gubernamentales del ala minoritario del Ejecutivo han afirmado que los ministros del espacio no renuncian a la inclusión de la expropiación de viviendas en casos como el de Maricarmen, es decir, que afecten a ancianos, para salvaguardar el derecho a la vivienda.

"Los ministros van a defender esta medida para que se apruebe este martes en el Consejo de Ministros", han recalcado dichas fuentes, aunque el ala socialista del Gobierno no ha recogido el guante de esta propuesta.

LA PRÓRROGA UNO O DOS AÑOS, EL PRINCIPAL ESCOLLO

Asimismo, Sumar ha comentado que uno de los principales escollos en las negociaciones con el Gobierno reside en delimitar el alcance de la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año.

Y es que, desde Sumar se pide que sea prórroga sea automática y se extienda dos años, mientras que el PSOE, según fuentes del socio menor del Ejecutivo, defiende extenderla sólo a uno. Esas mismas fuentes apostillan que los socialistas tampoco quieren regular el alquiler de habitaciones en el decreto, que era otra exigencia de los plurinacionales.

Sobre propuestas para conceder bonificaciones fiscales a los caseros, una medida que exige Junts para sumar su apoyo al decreto y que, según Vivienda, se incluirán en el decreto, fuentes de Sumar han dicho que son ineficaces, pero se han mostrado abiertos a aceptarlas ante la difícil aritmética parlamentaria y la importancia que tienen los votos de los catalanes.

En resumen, fuentes de Sumar aseguran a Europa Press que ahora mismo no hay acuerdo en el seno del Gobierno y afirman seguir trabajando para que el texto incorpore al menos estos ejes centrales: congelación del precio y prórroga reforzada de dos años de los contratos de alquiler que finalicen antes de 2028 de manera inmediata; y regulación del alquiler de habitaciones, al considerar que esta práctica, que quedó fuera de la regulación de la Ley de Vivienda, constituye hoy una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler.

Por último, citan la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas. "Dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible para garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo", inciden.

A la espera de que los socios del Gobierno, PSOE y Sumar, cierren un acuerdo sobre el decreto, el resto de formaciones de izquierda como ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG han visualizado también su presión al PSOE para que el decreto sea "exigente" y "valiente".

Compromís ha señalado que está "lejos" de apoyar las medidas que se negocian y ha reclamado la prórroga automática de los contratos, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, la eliminación de bonificaciones a los propietarios y la prohibición de la compra de vivienda por parte de fondos de inversión.

Frente a estas posiciones, ERC ha mostrado predisposición a apoyar el decreto y ha asegurado que sus principales propuestas están "ampliamente recogidas" en el texto, entre ellas la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los alquileres durante dos años.

El PNV también ha señalado que, "por ahora", está "bastante de acuerdo" con lo planteado por el Gobierno y ha pedido al resto de formaciones que se alejen de "posturas maximalistas". Defienden, entre otras cuestiones, limitar la actuación de los fondos de inversión, regular los alquileres de temporada y aumentar la oferta de vivienda protegida.

Junts, cuyo apoyo está entre los que negocia el Ejecutivo, ha defendido la búsqueda de un "común denominador" en materia de vivienda. Su presidente en el Parlament, Josep Rull, ha apostado por abrir un "paréntesis" en la relación complicada entre su formación y el PSOE para alcanzar acuerdos en esta materia.

Y mientras el acuerdo llega, diferentes miembros del Gobierno del ala socialista han apelado este lunes al acuerdo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido desde Barcelona "privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico" y ha pedido a las comunidades autónomas aplicar la Ley de Vivienda para aumentar la oferta asequible.

De su lado, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Gobierno está barajando medidas en el ámbito de la oferta y en el ámbito de la regulación; mientras que el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido a los grupos "estar a la altura de las circunstancias" y negociar hasta el último momento, al tiempo que ha señalado que existe un "margen de avance importante" en materia fiscal.

En cuanto a la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "fracasar" en política de vivienda tras "ocho años perdidos", al tiempo que Vox ha vinculado la crisis habitacional con el aumento de población y la falta de construcción de vivienda. Su portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero, ha cuestionado además las políticas de control de precios y ha reclamado aumentar la oferta.