Un tribunal norirlandés permite un controvertido desfile unionista tras anular a última hora su prohibición

La Orden de Orange ha obtenido este sábado la autorización judicial para desfilar este domingo por la emblemática calle Garvaghy Road, de mayoría católica y nacionalista, en la localidad norirlandesa de Portadown (condado de Armagh), después de que un tribunal de Belfast anulara a última hora del sábado la prohibición que pesaba sobre la marcha.

La presidenta del Tribunal Supremo norirlandés, Dame Siobhan Keegan, ha cambiado a última hora de la noche la decisión tomada horas antes por otro juez. La magistrada ha asegurado que el fallo anterior que prohibía el desfile contenía un error legal, por lo que ha autorizado a la Orden de Orange a marchar por esa zona.

La Orden de Orange es una organización de hermandad protestante conservadora que defiende la unión de Irlanda del Norte con el Reino Unido. Durante los últimos años, y debido a los cambios demográficos, esta ruta se ha convertido en un punto de controversia ya que los residentes (de mayoría católica y nacionalistas irlandeses) dicen sentirse acosados y en peligro por los desfilantes.

El dictamen ha desencadenado tensiones inmediatas en la zona. Varios vecinos y activistas nacionalistas han comenzado a concentrarse a lo largo de Garvaghy Road para bloquear el trayecto previsto, mientras que las fuerzas de seguridad vigilan la zona.

La viceprimera ministra de la región, Emma Pengelly, de ideología unionista, ha hecho un llamamiento a la calma pocas horas antes de cara al desfile, programado para este domingo por la mañana.

"Hago un llamamiento a que no escuchen a quienes intentan provocarlos, a quienes intentan exacerbar la retórica y sembrar el odio, a quienes intentan marginar a los demás (...) Todos, independientemente de la postura o el punto de vista, debemos hacer todo lo posible por mantener la calma", ha declarado.

Por su parte, la dirección del Sinn Féin (el partido político nacionalista irlandés) ha calificado la resolución judicial de "vergonzosa", denunciando que la decisión pretende "forzar una marcha no deseada" sobre la comunidad católica.

La formación unionista DUP, a la que Pengelly pertenece, ha denunciado insultos y acoso contra sus representantes a las puertas del juzgado durante la caótica jornada judicial.