
Carmen Balfagón, integrante del equipo jurídico de Daniel Sancho, ha hablado tras conocerse que el recurso presentado por sus abogados no ha conseguido modificar la condena de cadena perpetua impuesta al joven en Tailandia. La letrada ha reconocido que tanto ella como la familia están "fastidiados" después de no obtener respuesta a algunas de las cuestiones que planteaban en su recurso, entre ellas por qué no se grabaron las declaraciones de Daniel en comisaría, algo que, según sostiene, era obligatorio por ley, o por qué no se aceptó recusar al tribunal que juzgó el caso.
La situación también ha afectado a Rodolfo Sancho, que, según Balfagón, se encuentra igualmente "fastidiado" tras conocer la decisión. La abogada ha sido especialmente crítica con la actuación policial durante la investigación y ha asegurado que, a su juicio, el sistema ha terminado "amparando a la policía". "De la Policía de Tailandia podíamos hablar mucho y más en este caso", ha señalado la letrada, que mantiene que el equipo jurídico continuará trabajando para defender los intereses de Daniel.
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En cuanto a cómo ha recibido Daniel la noticia, Carmen Balfagón ha explicado que el joven se ha quedado afectado, aunque ha subrayado que es el primero que quiere que la resolución sea recurrida: "Daniel no quiere venir a España como un asesino porque no lo es", ha afirmado la abogada, que cuestiona además que existan grabaciones que, según sostiene, demostrarían determinadas afirmaciones recogidas durante el procedimiento. "No hay nada que nos demuestre que lo es", ha insistido.
Ante este escenario, el equipo jurídico de Daniel Sancho no da por terminada la batalla judicial y prepara nuevos recursos. Carmen ha confirmado que recurrirán ante el Tribunal Supremo y, posteriormente, ante el Tribunal Constitucional, al considerar que podrían haberse visto afectados derechos fundamentales de su defendido. La abogada también ha pedido mayor rigor a la hora de abordar públicamente el caso y ha cuestionado algunas informaciones difundidas en las últimas semanas, defendiendo que una causa judicial debe sustentarse en pruebas y datos contrastados.
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