Redacción Medioambiente, 26 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) ha elaborado una directiva que, desde este domingo, refuerza la fiabilidad de la información ambiental y planta cara al 'ecopostureo' con medidas obligatorias, como la prohibición de términos como "eco", "bio" o "verde" sin justificación clara con el fin de proteger y empoderar al consumidor final.
Las disposiciones que recoge esta directiva, conocida como EmpCo (Empoderamiento de Consumidores), son de aplicación obligatoria a partir de este 27 de septiembre y el objetivo principal es que los consumidores puedan tomar decisiones de compra "informadas" y contribuir así a "patrones de consumo más sostenibles", acabar con el 'greenwashing' (lavado verde), también conocido como 'ecopostureo'.
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La Unión Europea (UE) recoge en el texto que, por tanto, los comerciantes tienen la "responsabilidad" de proporcionar información clara, pertinente y fiable para acabar con prácticas "desleales" que inducen a error a consumidores, relacionadas con la obsolescencia programada, afirmaciones medioambientales engañosas o distintivos de sostenibilidad poco transparentes y poco creíbles.
Además de no inducir a error a los consumidores sobre características del producto (durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad), de respaldar las afirmaciones de sus objetivos futuros (neutralidad climática) con una hoja de ruta realista o de no resaltar beneficios irrelevantes de producto para confundir al consumidor, están prohibidos ciertos términos sin justificación.
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Se acabaron, por tanto, etiquetas como "respetuoso con el medio ambiente", "verde", "ecológico" o "biodegradable" en productos sin justificación expresa.
Asimismo, EmpCo prohíbe presentar un beneficio medioambiental de una parte del producto como si correspondiera a todo conjunto y las afirmaciones de neutralidad climática basadas únicamente en la compensación de emisiones, pues dan a los consumidores la falsa impresión de que el consumo de ese producto no tiene ningún impacto medioambiental.
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La directiva EmpCo aborda también la obsolescencia temprana y programada, pues prohíbe diseñar productos con una duración limitada para evitar el aumento de residuos, entre otras cosas.
También especifica que no se puede ocultar que una actualización de software puede perjudicar el funcionamiento de un producto o servicio digital, incluyendo efectos negativos sobre la batería, rendimiento de aplicaciones o funcionamiento general; o presentar una actualización como necesaria si solo sirve para mejorar características funcionales.
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De igual manera, prohíbe afirmar falsamente que un producto tiene una determinada durabilidad en condiciones normales de uso; presentar un producto como reparable cuando en realidad no puede repararse; e inducir al consumidor a sustituir elementos fungibles antes de que sea necesario.
Además, en los bienes con elementos digitales, contenidos y servicios digitales, los consumidores deben conocer el período mínimo de actualizaciones de software, incluidas las actualizaciones de seguridad.
La directiva prevé que los consumidores tienen que recibir información sobre la durabilidad, reparabilidad y actualizaciones gratuitas de software.
En materia de garantía, los comerciantes deben informar al consumidor mediante una etiqueta de si existe una garantía gratuita superior a dos años, más larga que el mínimo legal, que cubra todo el producto para esto destacar los productos más duraderos sobre el resto.
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Y cuando sea posible, los comerciantes deben informar sobre opciones de entrega respetuosas con el medio ambiente, como vehículos eléctricos, bicicletas de carga o envíos agrupados.