Soberanía, recursos naturales y seguridad: las claves de la ley de Milei sobre Malvinas

Buenos Aires, 17 sep (EFE).- El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que envió este jueves el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, al Congreso refuerza las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Malvinas e islas adyacentes y propone un nuevo sistema de seguridad y defensa nacional.

De ser aprobado este proyecto de ley, las empresas que fueran inhabilitadas por Argentina a raíz de sus actividades extractivistas en las islas correrían el riesgo de no poder operar en todo el país suramericano.

El proyecto reafirma que las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, todos ubicados en el Atlántico Sur, forman parte del territorio nacional argentino.

Ratifica también como objetivo "permanente e irrenunciable" del Estado argentino recuperar la soberanía sobre esos territorios, bajo administración del Reino Unido desde su ocupación en 1833.

El proyecto deroga la Ley 26.659, vigente desde 2011 y promulgada durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), que penaliza las labores en hidrocarburos en la plataforma continental argentina, y reemplazarla por el nuevo texto con penas más altas.

La exploración pasa de una pena de 5 a 10 años a 12 a 15 años de prisión, mientras que la extracción, el transporte y el almacenamiento pasan de 10 a 15 años a 15 a 20 años.

Aumentan las multas, que se deberán pagar al Estado argentino no en dinero sino en barriles de petróleo: para la exploración, de 20.000-100.000 a 40.000-200.000 barriles, y para la extracción, de 150.000-1,5 millones a 150.000-3 millones de barriles.

Las multas se suman a la inhabilitación comercial que contempla la ley en vigor.

También castiga a los proveedores de bienes o servicios esenciales, no solo a las empresas extractivistas, con penas de 5 a 7 años de prisión, multas de 20.000 a 100.000 barriles e inhabilitación comercial.

El nuevo régimen propuesto por el Gobierno de Milei alcanza la explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en los espacios marítimos e insulares circundantes y en la Plataforma Continental Argentina.

E incluye actividades vinculadas con el petróleo, el gas, la pesca y otros recursos que posee el Atlántico Sur.

Las actividades no autorizadas tendrán multas de 4.000 a 500.000 barriles, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitación de cinco a 20 años.

El proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional con amplias facultades que coordinará distintas áreas del Estado y establece un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente, que elaborará la Política de Seguridad y coordinará su ejecución.

Ante un "riesgo grave" para la seguridad nacional, el Consejo podrá restringir operaciones cambiarias, transferencias y pagos, bloquear fondos y elevar hasta el 75% los derechos de importación y exportación al Estado extranjero involucrado.

Modifica la Ley de Defensa Nacional para incorporar amenazas externas y reforzar la defensa aeroespacial, marítima y cibernética.

Establece procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y regula la detención e inspección de buques, con advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizarlos.

El proyecto modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para impedir que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas foráneas financien o ejecuten actividades de campaña o propaganda.

Crea delitos con penas de entre cinco y doce años para quienes, financiados o dirigidos por actores extranjeros, busquen alterar elecciones o manipular la opinión pública mediante desinformación masiva.

La pena sube a entre ocho y quince años para quien ejerza amenazas, sobornos, coerción o construya estructuras criminales. Incorpora delitos por operaciones clandestinas de inteligencia extranjera y transmisión de secretos, con penas de hasta 20 años a los vinculados con conflictos armados o agresiones extranjeras.

El Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dentro de la Unidad de Información Financiera, incluirá información sobre personas y entidades vinculadas con terrorismo, financiamiento terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva.

Podrá incorporarlas sin causa penal previa si existen motivos razonables o una designación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Crea un delito con penas de entre cinco y quince años para quien proporcione deliberadamente apoyo material a organizaciones o personas vinculadas con terrorismo. EFE