Buenos Aires, 16 sep (EFE).- El jefe de Administración Financiera de la Armada argentina, Carlos Alberto Castro Maggio, denunció ante la Justicia irregularidades en el pago de salarios a favor de 23 personas, cuatro de ellas que no pertenecían a esta fuerza, por unos 981 millones de pesos (unos 639.100 dólares).
El escrito, al que accedió este miércoles EFE, señala que "entre julio de 2022 y enero de 2026, se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados".
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Según la denuncia, las operaciones fueron detectadas en una revisión interna llevada a cabo en febrero pasado, cuando se descubrió que los movimientos no respondían a simples errores administrativos, sino a modificaciones posteriores de los archivos utilizados para ordenar los pagos bancarios.
Los pagos se realizaban después de los controles ordinarios y antes de la transmisión definitiva al banco, por lo que el denunciante solicita a la Justicia que investigue las circunstancias y responsabilidades penales.
Entre las 23 personas que habrían recibido pagos indebidos hay militares en actividad y retiro, personal civil y cuatro personas sin vinculación laboral con la Armada. Éstas últimas recibieron 184 acreditaciones por un total de 434,2 millones de pesos (unos 283.000 dólares).
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La principal beneficiaria fue María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por 152,3 millones de pesos (cerca de 99.218 dólares), esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, el encargado de supervisar y controlar de manera directa la liquidación de sueldos.
De acuerdo con la denuncia, Atanasoff reconoció "conocer las operaciones y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente". También que "era él quien decidía las operaciones, sus beneficiarios y los importes involucrados", y que las ejecutaba personalmente.
El documento aclara que los beneficiarios restituyeron total o parcialmente las sumas recibidas.
Las devoluciones verificadas ascienden a 42,6 millones de pesos (unos 27.700 dólares), por lo que la diferencia pendiente se sitúa en 938,6 millones de pesos (611.400 dólares). EFE
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