
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, han coincidido este viernes en la necesidad de que cualquier actuación vinculada a la infancia migrante no acompañada en Ceuta se lleve a cabo "preservando con todas las garantías para el interés superior de niños y niñas y garantizando el pleno ejercicio de sus derechos".
En una reunión mantenida este viernes en la sede de la Fiscalía General del Estado, Rego y Peramato han analizado las vías para garantizar la protección de los derechos de los niños migrantes solos que se encuentran actualmente en la ciudad autónoma, según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado.
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En esta línea, han insistido en que el ordenamiento español e internacional obliga a "asegurar que cualquier actuación que les afecte tenga como prioridad el interés superior del menor".
En concreto, la ministra ha abogado por acoger a estos niños migrantes en la península, una medida que, a su juicio, "contribuiría a garantizar unas condiciones adecuadas para su atención y bienestar y, al mismo tiempo, permitiría aliviar la situación que atraviesa la ciudad autónoma".
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Asimismo, ha defendido la necesidad de avanzar en una respuesta que sitúe los derechos de la infancia en el centro y que cuente con la corresponsabilidad del conjunto de las administraciones públicas.
Durante la reunión, Rego y Peramato también han abordado las "dificultades, expuestas en distintas memorias anuales de la Fiscalía General del Estado, para llevar a cabo procesos de reagrupación familiar en Marruecos".
Por otra parte, han tratado los avances y retos pendientes para reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección de la infancia frente a la violencia, así como la necesidad de seguir desarrollando políticas públicas que garanticen entornos seguros.
En este sentido, han abordado la modificación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada recientemente en el Consejo de Ministros y que persigue reforzar las garantías de protección de los niños y niñas.
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Entre las medidas que contempla, la titular de Juventud e Infancia ha destacado las "garantías efectivas de que los niños y niños sean escuchados, independientemente de su edad, así como la prohibición expresa del denominado síndrome de alienación parental, así como cualquiera de sus reformulaciones, evitando que pueda ser utilizado en perjuicio de los derechos y la protección de la infancia".
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