Nairobi, 2 sep (EFE).- Un tribunal de Sudáfrica inició este miércoles las audiencias para evaluar el recurso presentado por el presidente del país, Cyril Ramaphosa, contra un informe elaborado por un panel independiente en 2022 que lo acusa de posibles violaciones de las leyes anticorrupción y que activó su proceso de destitución.
En una vista en el Tribunal Superior del Cabo Occidental, la defensa de Ramaphosa argumentó que el panel no hizo "ningún intento de sopesar, ponderar ni considerar las pruebas incriminatorias frente a las exculpatorias" de manera equilibrada, al destacar que no aportó "suficientes pruebas" como para someter al mandatario a un procedimiento tan "humillante" como la destitución.
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El abogado Wim Trengove aseveró que, aunque el informe "expone muchas pruebas", incluyendo las respuestas de Ramaphosa, "cuando se trata de la conclusión decisiva, (el panel) tomó sin más las pruebas incriminatorias -a veces ni siquiera pruebas, sino simples declaraciones- y afirmó que esto constituía un caso 'prima facie' (a primera vista)".
Trengrove arguyó también que, de acuerdo a la ley sudafricana, "solo se comete una falta grave (como señala el informe acusatorio) si el presidente actuaba con mala fe", algo que, según el letrado, queda descartado por la evidencia y las declaraciones del mandatario.
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Sobre la acusación formulada contra Ramaphosa de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, el abogado argumentó que la ley sí contempla que "puedan poseer acciones en empresas" y que el presidente "nunca ha recibido remuneración" de la granja de su propiedad que se encuentra en el origen de este proceso.
Esta finca situada en Phala Phala, en la provincia de Limpopo (norte), fue escenario del escándalo investigado por el informe, a raíz de un robo millonario sucedido allí en 2020.
En junio de 2022, el exjefe de la agencia de inteligencia sudafricana Artur Fraser -cercano al expresidente Jacob Zuma (2009-2018)- presentó una demanda según la cual el 9 de febrero de 2020 se produjo un robo de casi 4 millones de euros escondidos en la granja.
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Sin embargo, el presidente cifró el dinero sustraído en 580.000 dólares (unos 509.000 euros al cambio actual).
La revelación del robo llevó a un partido minoritario a presentar en julio de 2022 una moción contra Ramaphosa y a la creación del citado panel, cuyo informe concluyó entonces que "prima facie" Ramaphosa pudo cometer una "violación grave" de leyes anticorrupción.
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El mandatario admitió el robo y que se dedica a la venta de animales de presa, pero aseguró que el dinero sustraído provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero, como sostenía Fraser.
Aunque el proceso de posible destitución del presidente se paralizó en 2022 después de que el Parlamento -dominado entonces por su partido- rechazara el informe, se reanudó el pasado 8 de mayo, cuando el Tribunal Constitucional declaró "inválida y nula" esa votación en la Cámara.
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Tras ese fallo, se creó un comité parlamentario que debía investigar los hechos, pero, el pasado julio, el proceso se vio interrumpido de nuevo a la espera de que la Justicia resuelva el recurso presentado por Ramaphosa contra el informe.
Esta previsto que las audiencias se extiendan hasta el próximo viernes. EFE
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