
La Justicia de Ecuador ha declarado culpable al expresidente Lenín Moreno (2017-2021) por un delito de cohecho al considerar probado que recibió sobornos a cambio de favorecer a la empresa estatal china Sinohydro para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha determinado que Moreno, valiéndose de su condición de vicepresidente --cargo que desempeñó entre 2007 y 2013 bajo el mandato de Rafael Correa-- trató de intervenir en un "ámbito ajeno a su rectoría" con el objetivo de asegurar la financiación del proyecto, a cambio de beneficios económicos no justificados dirigidos a su esposa, Judith González, su hija Irina y sus hermanos.
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La Fiscalía sostiene que la constructora china Sinohydro habría pagado más de 76 millones de dólares (65,6 millones de euros) en sobornos para adjudicarse la obra de la central Coca Codo Sinclair, incluido más de un millón de dólares (860.000 euros) que habría recibido Moreno junto a su familia.
Por ello, los fiscales han pedido una condena que incluya la inhabilitación así como una pena de una pena de seis años y seis meses de cárcel para el expresidente, la esposa y la hija de este, entre un total de 20 personas que están siendo procesadas por este caso.
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Moreno ha acusado al expresidente Rafael Correa y al que fuera vicepresidente Jorge Glas de la adjudicación de la central a la empresa china, en unas declaraciones realizadas ante la prensa después de la vista judicial.
"El que firmó el contrato es Rafael Correa Delgado. Él hizo un contrato de gobierno a gobierno (...) ¿En qué momento intervine yo? ¿En la construcción? No. La construcción la hizo, por orden de Rafael Correa, la hizo Jorge Glass y paradójicamente el momento en que terminaron la construcción (...) No he recibido un solo centavo de Sinohydro", ha asegurado.
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El juicio arrancó en mayo, días después de que el exmandatario regresara al país para declarar ante la CNJ tras ser imputado por cohecho en relación con este supuesto entramado de corrupción y sobornos en torno a la planta hidroeléctrica más grande del país.
Esta red de corrupción habría operado entre los años 2009 y 2018 y, según la Fiscalía, los pagos ilegales no se realizaron de forma directa sino a través de consultorías "ficticias" y empresas pantalla, además de transferencias bancarias vinculadas al círculo íntimo de Moreno.
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