Organizaciones alertan a la CIDH sobre un "grave retroceso" en DD.HH. en Chile

Santiago de Chile, 5 ago (EFE).- Organizaciones chilenas solicitaron este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, un "seguimiento reforzado" a la situación del país tras acusar un "grave retroceso" en Derechos Humanos y una "pérdida de garantías" en protección social desde la llegada al poder del presidente de Chile, José Antonio Kast.

Las organizaciones recopilaron antecedentes de más de 80 organizaciones, apuntaron a un "patrón de desmantelamiento institucional" asociado al recorte de 1.400 millones de dólares aplicado por Hacienda en todas las carteras, como parte de una meta de reducción del gasto de 6.000 millones de dólares en 18 meses.

Entre las organizaciones solicitantes figuran la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Londres 38 Sitio de Memoria, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, y la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.

"No se trata de simples ajustes por austeridad fiscal, sino de una nueva narrativa estatal permanente que despoja al Estado de sus capacidades operativas, amenazando la garantía efectiva de los derechos humanos y vulnerando las obligaciones internacionales adquiridas por Chile", señaló una de las solicitantes.

Este proceso, agregaron las organizaciones, se ha traducido en la eliminación o debilitamiento de unidades dedicadas a víctimas de violencia institucional, adopciones ilegales, pueblos indígenas, búsqueda de personas desaparecidas y otras políticas de memoria, verdad y reparación.

En la misma línea, las organizaciones solicitantes subrayaron que "no se discute una política fiscal legítima (...) sino si esas medidas son compatibles con el derecho internacional de los Derechos Humanos, que exige que toda medida regresiva esté justificada, sea necesaria, proporcional, temporal y compatible con el deber de utilizar el máximo de los recursos disponibles".

Como parte de su política de austeridad, el Gobierno anunció el recorte de cerca de un millón de dólares a la Unidad de Programas de Derechos Humanos (UPDH), donde funciona el Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) para esclarecer el paradero final de víctimas de desaparición forzada.

"El Estado no sólo está debilitando instituciones: está desconociendo procesos históricos de lucha social y retirando respuestas que las víctimas debieron exigir durante décadas (...) Las políticas de derechos humanos no pueden depender de la voluntad del gobierno de turno. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy en Chile", acusaron.

"Las afirmaciones que sustentan la solicitud de audiencia relativas a un supuesto proceso de desmantelamiento, vaciamiento y debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos son incompatibles con la realidad fáctica y el compromiso de este Gobierno", indicó el representante del Estado de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Castro.

Por su parte, el jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Kipreos, recalcó que las políticas en la materia "mantienen plenamente vigente su estructura".

"No hay desmantelamiento, no hay desfinanciamiento ni vaciamiento, hay una administración responsable, eficiente y respetuosa del marco constitucional (...) las acusaciones carecen de asidero en la realidad", señaló.

A pocos días de asumir, Kast ordenó un recorte promedio del 3 % en todos los ministerios para disminuir el gasto fiscal y reducir el déficit estructural.

El Gobierno no ha descartado conceder indultos a criminales de lesa humanidad condenados por delitos cometidos durante la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990), y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha señalado que "las circunstancias del caso van a permitir responder aquello".

Estas medidas han despertado "preocupación" entre organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura, cuyas críticas aumentaron tras la reciente liberación de un exagente de la policía política condenado por la desaparición forzada de 86 personas, torturas sistemáticas y una ejecución, delitos acreditados por la Justicia. EFE