Portugal liberaliza los alquileres y crea fondo para emergencias habitacionales

Lisboa, 10 jul (EFE).- El Gobierno de Portugal ha aprobado una profunda reforma del mercado del alquiler destinada a aumentar la oferta de viviendas y devolver la confianza a los propietarios, una iniciativa que irá acompañada de la creación de un Fondo de Emergencia para la Vivienda con el que el Estado prestará apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

Las medidas fueron aprobadas en el Consejo de Ministros celebrado ayer jueves y detalladas este viernes por el Ejecutivo, que las presentó como dos pilares de una misma estrategia: liberalizar el mercado del arrendamiento para incrementar la oferta de vivienda y reforzar, al mismo tiempo, la protección social de las personas que puedan verse afectadas por una pérdida de su hogar.

El Gobierno no precisó la dotación económica inicial del nuevo fondo ni la fecha en la que comenzará a conceder las ayudas. En febrero de 2025, el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, había estimado en unos 100 millones de euros el presupuesto de un fondo de emergencia habitacional previsto en los Presupuestos de 2024, aunque el Ejecutivo no ha aclarado si esa cifra se mantiene para el instrumento aprobado ahora.

La reforma del régimen de arrendamiento urbano pretende aumentar el número de viviendas disponibles para alquilar mediante una mayor libertad contractual entre propietarios e inquilinos. Según el Gobierno, más de 250.000 viviendas permanecen actualmente vacías debido a la inseguridad jurídica que, a su juicio, desincentiva a muchos propietarios a sacarlas al mercado. Portugal cuenta con alrededor de un millón de viviendas en alquiler, una parte importante de ellas sujetas a contratos antiguos con rentas reducidas.

Entre las principales novedades figura la eliminación de las limitaciones para actualizar las rentas entre contratos, la flexibilización de las condiciones sobre fianzas y pagos anticipados, la simplificación de las comunicaciones entre arrendadores e inquilinos y la aceleración de los procedimientos de desahucio y de resolución de litigios.

La propuesta también permitirá a los propietarios oponerse a la primera renovación automática de un contrato y reducirá de tres a dos meses el período de impago necesario para iniciar un procedimiento de desahucio, además de facilitar la rescisión del contrato en casos de retrasos reiterados en el pago del alquiler.

El Ejecutivo asegura, no obstante, que la reforma mantiene mecanismos específicos de protección para personas mayores, ciudadanos con discapacidad y hogares económicamente vulnerables.

Como contrapeso a la liberalización del mercado, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Fondo de Emergencia para la Vivienda, destinado a financiar el realojamiento de personas y familias que pierdan su vivienda por causas como desahucios motivados por dificultades económicas o situaciones de violencia doméstica.

El fondo concederá ayudas directas no reembolsables para facilitar un alojamiento temporal o permanente y pretende garantizar una respuesta inmediata en situaciones de emergencia habitacional.

Según el Gobierno, con este mecanismo será el Estado, y no los propietarios, quien asuma el coste social de estas situaciones extraordinarias, con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables sin comprometer el funcionamiento del mercado del alquiler.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y políticos de Portugal. Los alquileres de los nuevos contratos casi se han duplicado desde 2017, mientras el fuerte incremento de los precios de compra y arrendamiento, especialmente en Lisboa y Oporto, ha dificultado el acceso a una vivienda para una parte creciente de la población.

La reforma deberá ahora ser debatida y aprobada por el Parlamento, donde el Ejecutivo de centroderecha, que gobierna en minoría, necesitará el respaldo de al menos uno de los principales partidos de la oposición para sacar adelante el proyecto de ley.

La reforma llega en un momento en que Portugal atraviesa una de las mayores crisis de acceso a la vivienda de Europa. Según el Gobierno, alrededor de 250.000 viviendas permanecen vacías porque muchos propietarios prefieren no alquilarlas ante la inseguridad jurídica, mientras el país cuenta con cerca de un millón de viviendas arrendadas, muchas de ellas sujetas a contratos antiguos con rentas reducidas.

Al mismo tiempo, el encarecimiento de la vivienda se ha acelerado en los últimos años. Los alquileres de los nuevos contratos casi se han duplicado desde 2017, mientras que el precio de la vivienda aumentó un 17,8 % interanual en el primer trimestre de 2026, el mayor incremento registrado entre los países de la Unión Europea. EFE