Condenada a 18 años por explotación sexual la cabecilla detenida en Valladolid en la 'Operación Desalia'

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena global de 18 años de prisión a la mujer de origen colombiano Kelly J.O, principal inculpada en la 'Operación Desalia' que la Policía Nacional desplegó para poner fin a la explotación sexual de mujeres practicada entre marzo de 2022 y finales de diciembre de 2023 en un piso ubicado en la calle Gabilondo.

En la sentencia recogida por Europa Press, el tribunal considera probado por parte de Kelly J.O. la comisión de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotacións sexual en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, a razón de seis años de privación de libertad por cada uno de los tres delitos, junto con la obligación de indemnizar a cada una de sus tres víctimas con la cantidad de 10.000 euros. Además, el hijo de la anterior, Luis Ángel, ha sido condenado a 5 años de cárcel por un delito de la misma naturaleza y otro de los acusados, Esneider D.A.B, a otros 5 años y 1 día, con la obligación ambos de indemnizar a una de las tres víctimas, de forma conjunta y solidaria con Kelly, con 10.000 euros por daños morales.

Aunque el banquillo estaba también ocupado por una cuarta persona, Janner D.M, novio de Luis Ángel, en este caso la sentencia ha sido absolutoria al entender el tribunal que no ha quedado probada su participación en los hechos. Los cuatro estaban acusados de integrar un entramado criminal dedicado a traer a España a mujeres desde Colombia y Venezuela con falsas ofertas de trabajo para luego obligarlas a prostituirse, situación que el fiscal del caso resumió en su informe final con una frase lapidaria: "Los acusados tenían a las mujeres como animales estabulados esperando a los clientes".

La acusación pública tan sólo había modificado su escrito para aplicar a uno de los acusados, Esneider D.A.B, una rebaja en su petición de condena de 18 a 10 años, mientras que se mostró inflexible respecto de los otros tres ocupantes del banquillo, Kelly J.O, con una petición global de 27 años de prisión, y su hijo Luis Ángel y el novio de éste, Janner D.M, el finalmente absuelto, para quienes mantuvo peticiones de 9 años. Pidió también indemnizaciones por importe de 80.000 euros para cada una de las tres víctimas.

Para el acusador público, "la prueba es enorme e ingente" contra los cuatro acusados, al recordar toda la documentación recabada por la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional tanto a través de los testimonios de las propias víctimas, "totalmente coincidentes pese a no conocerse entre ellas, como por el contenido de los chat entre los explotadores y las explotadas y un cuaderno hallado en la vivienda de Kelly en la localidad cántabra de Torrelavega, con anotaciones de nombres de las víctimas y cantidades cobradas por los servicios de prostitución que, en la mayoría de los casos, percibía la acusada vía bizum en su móvil.

"En estos casos, lo difícil es contar con el testimonio de las víctimas porque tienen miedo y no quieren revivir el sufrimiento. Aquí contamos con lo dicho por tres víctimas, que sin conocerse relatan unos hechos prácticamente idénticos", destacó el acusador, en referencia a que fueron captadas en sus países de origen, Venezuela y Colombia, y una vez en España fueron llevadas a pisos en distintas partes del norte de España para prostituirse y donde eran "movidas" periódicamente para evitar su localización y aumentar su sensación de "desarraigo", a fin de someter su voluntad y conseguir que asumieran todo lo que se les imponía.

En todos los casos, fue Kelly la que abonó el importe de los billetes de avión y reservas de hotel en España, con un coste de entre 700 y 1.500 euros, si bien la acusada exigía luego a las víctimas entre 5.500 y 6.500 euros, "un 700 por ciento más de intereses leoninos" que las recién llegadas habrían de devolver con la prostitución pero que se incrementaban exponencialmente porque las mujeres eran obligadas también a abonar el importe del alquiler de las habitaciones, sus viajes por distintas partes de España e incluso las tarifas de los anuncios para adultos en Internet.

LA RETIRADA DEL PASAPORTE, EL MEJOR CONTROL

Sometidas a una explotación total, con jornadas maratonianas, incluso con la menstruación, a cambio de 50 euros semanales para poder comer, las víctimas se encontraban prácticamente presas por sus explotadores debido a que nada más llegar a España habían sido privadas de su pasaporte, "la mejor forma de tenerlas controladas y evitar su huida", recriminó el acusador público, quien incidió en el "engaño" bajo el que llegaron a España las afectadas y el abuso de su situación de vulnerabilidad.

Sobre el engaño, tan sólo una de las mujeres sabía que venía a ejercer la prostitución, "pero no que tendría que practicarla sin libertad, bajo control", mientras que las otras dos viajaron en la creencia de que en España les esperaba una carrera de modelaje o como 'webcamer', si contacto alguno con clientes.

Y es que las versiones ofrecidas el último día del juicio por los cuatro encausados, cuyas defensas solicitaron un fallo absolutorio, no convenció al fiscal del caso. Entre ellas, la principal inculpada, Kelly J.O, aseguró que su tarea se limitaba a sufragar el traslado de las jóvenes a quienes únicamente pedía luego la devolución del dinero anticipado y una comisión de entre 200 y 300 euros, sin que en momento alguno las obligara luego a ejercer la prostitución hasta condonar la deuda y mucho menos que se asegura de ello con la retirada de sus pasaportes.

"Me han presentado como un monstruo. Si yo fuera como dicen no les habría abierto las puertas de mi casa ni les habría presentado a mi familia. Las chicas decían que venían a prostituirse y otras lo único que decían es que querían venir a España", apuntó la cabecilla de la organización criminal, quien en todo momento se presentó como una persona que tan sólo pretendía ayudar a estas mujeres porque ella había llegado en su día de la misma forma y había ejercido también la prostitución.

DENUNCIAS PARA "LOGRAR PAPELES"

"Para nada me he aprovechada de ellas, al contrario. Yo también llegué sola a esta país y traté de que no pasaran por lo mismo que yo había sufrido", insistió Kelly, para quien las denuncias de estas tres mujeres, como así advirtió, tienen como trasfondo motivos espurios, es decir, el intento de las denunciantes de "lograr papeles" al presentarse como víctimas de trata de seres humanos.

En la misma línea, su hijo Luis Ángel y el novio de éste, Janner, se declararon inocentes y explicaron que el día en el que acudieron a la estación de autobuses de Santander para recoger a una de las chicas y llevarla hasta un piso es porque Kelly les había pedido el favor.

"Yo soy un crío muy obediente. Mi madre me dijo que llegaba una amiga y acudí con mi pareja para hacernos cargo de su recepción", manifestó el acusado, que también negó haber realizado una llamada telefónica intimidatoria a una de las afectadas para reclamarle el pago de una parte de la deuda que dicha joven aún mantenía con su progenitora. "La llamé porque mi madre estaba ya en la cárcel y necesitaba dinero para pagar a un abogado. Me encontraba contra las cuerdas", concluyó.

El cuarto de los acusados, Esneider D.A.B, condenado por la captación de una de las víctimas en Colombia, alegó que fue la denunciante, amiga suya, la que se puso en contacto con él para pedirle ayuda económica con el fin de poder viajar hasta España y que se limitó a poner en contacto a dicha joven con Kelly, de la que sabía que prestaba dinero para estos menesteres.

Esneider alegó al tribunal que él mismo ha sido víctima de una red de trata de seres humanos en Holanda y negó haber percibido cantidad alguna por la captación de mujeres. De hecho, se ha declarado como un "trabajador autónomo de la prostitución".