
La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) ha anunciado el establecimiento de una oficina de enlace en Madagascar para supervisar las reformas políticas puestas en marcha a raíz del golpe de Estado incruento de octubre de 2025, al tiempo que ha apelado a avanzar hacia una restauración del orden constitucional y una estabilidad a largo plazo en la isla.
El presidente de Sudáfrica y de la SADC, Cyril Ramaphosa, ha desvelado que el bloque ha aprobado además expandir el mandato de su Misión de Sabios --encabezada por la expresidente de Malaui Joyce Banda-- para el país, antes de resaltar que estos pasos reflejan el compromiso del bloque regional con un avance hacia "una gobernanza democrática" en Madagascar.
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"Hemos acordado que la SADC seguirá ocupándose de la situación en Madagascar y continuará acompañando al pueblo malgache en este proceso", ha señalado Ramaphosa, quien ha insistido en que las reformas deben impulsar una transición con un calendario definido de cara a la celebración de elecciones democráticas, según un comunicado.
"Nuestra región no puede permitirse ciclos de transición sin una solución", ha dicho el presidente sudafricano," que ha hecho hincapié en que "la estabilidad no se sustenta en procesos indefinidos, sino en instituciones creíbles y una gobernanza legítima y elegida democráticamente".
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En este contexto, la SADC ha aprobado reforzar su supervisión de la situación a través de informes trimestrales, al tiempo que ha reiterado su llamamiento para la liberación de los presos políticos, el fin de los arrestos arbitrarios y el retorno de los exiliados, que describe como medidas necesarias para fomentar la confianza e impulsar un diálogo nacional.
El país se encuentra dirigido por el coronel Michael Randrinirina, quien tomó posesión el 17 de octubre de 2025, días después de anunciar que estaba al frente del país ante la huida del hasta entonces mandatario, Andry Rajoelina, tras semanas de protestas antigubernamentales y después de que la unidad de élite del Ejército que encabeza se pusiera del lado de los manifestantes, forzando la mano al jefe de Estado.
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El hasta entonces líder de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas conocida como Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), adelantó antes de asumir el cargo que no será posible celebrar presidenciales en un plazo de entre 30 y 60 días, tal y como determinó el Constitucional en su fallo confirmando la vacancia y concediéndole el poder para hacer frente al periodo de transición en la isla.
Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, permanece en paradero desconocido --tras las informaciones sobre su evacuación en un avión francés-- en medio de la crisis en el país, sacudido por varios golpes de Estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 y donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.
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