San José, 29 jun (EFE).- Reinaldo Picado Miranda, exmiembro de la Contra nicaragüense y conocido como comandante Ómar, quien permanece refugiado en Costa Rica y es pedido en extradición por Managua acusado de la muerte de una oficial y un civil, denunció este lunes haber sido víctima de un atentado perpetrado por desconocidos en la provincia costarricense de Cartago.
Picado Miranda, quien fue concejal por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el municipio de Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua, dijo que el pasado fin de semana un hombre bajó de un vehículo, lo apuntó con un arma de fuego, pero la misma se atascó cuando intentó dispararle, lo que le permitió forcejear con él.
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Alias comandante Ómar aseguró que el desconocido logró librarse, subió en el vehículo que lo aguardaba y huyó del lugar. El hecho habría ocurrido en el distrito de San Diego, del cantón de La Unión, provincia de Cartago.
El exmiembro de la Contra nicaragüense, de 53 años, que estuvo encarcelado en Costa Rica y fue beneficiado con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ).
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El Ministerio Público de Nicaragua solicitó en extradición a Picado Miranda, por el mismo caso por el que se acusó a los opositores Douglas Gamaliel Pérez Centeno (ya extraditado) y Pedro Javier Fernández Sandoval (refugiado en Costa Rica, que frenó su extradición).
Las autoridades nicaragüenses acusan a los tres mencionados de las muertes de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del civil Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidas en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.
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Según la Policía de Nicaragua, esas tres personas junto con otros sujetos son los presuntos autores de esas dos muertes ocurridas el 1 de octubre de 2022 en la comarca Buena Vista El Castillo, cuando supuestamente diez sujetos armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas ejecutaron un robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, que se dirigían en una camioneta a realizar el pago de una planilla salarial.
En una declaración, la Unidad de Exiliados Nicaragüenses expresó su "profunda preocupación y enérgica condena" por el atentado denunciado por Picado Miranda y pidió a las autoridades costarricenses una investigación exhaustiva, "que no constituye un caso aislado, puesto que ya suman más de una decena de víctimas directas e indirectas, tras la represión transnacional del brazo largo del régimen sandinista de Nicaragua en suelo costarricense", añadió el comunicado.
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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de ochenta años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Los comicios en mención se llevaron a cabo con los principales opositores en prisión, a los que luego el Gobierno sandinista expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traidores a la patria". EFE
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