Fiscalía mantiene un total de 61 años para los cuatro de la 'Operación Tentaciones' por explotación sexual

El fiscal en el caso sobre un supuesto entramado criminal que prostituía a mujeres traídas desde Paraguay en un piso de Valladolid, donde según las víctimas soportaban duras condiciones de trabajo y estaban a disposición de los clientes las "24 horas del día", ha mantenido una petición global de más de 61 años de cárcel para los cuatro ocupantes del banquillo tras considerar que la prueba practicada a lo largo de los tres días de juicio acredita por completo su participación en los hechos.

En su informe final recogido por Europa Press, el acusador público, pese a las versiones exculpatorias de los encausados expuestas en la última jornada, no ha variado ni una coma su inicial escrito en el que, en ausencia de Lorenza C.P, como 'cabecilla' del grupo y en la actualidad en paradero desconocido, sitúa como segunda en el escalafón de culpas a su prima María Ángel P.G, alias 'Vanessa', para la que pide un total de 25 años de cárcel y multa de 15.600 euros, y como copartícipes al que fuera pareja de la jefa de la organización, Javier R.A, con una petición de ocho años de prisión; Mirta Graciela G. y Hugo Javier A.A, a los que pide 18 años en el primer caso y nueve años y ocho meses en el segundo.

En caso de condena, los acusados, a los que se imputan, en distinto grado, un total de catorce delitos, de ellos cinco de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro continuado de la misma naturaleza, uno de blanqueo y un último de grupo criminal, deberán indemnizar a cada una de las perjudicadas, de forma conjunta y solidaria, con 80.000 euros por daños morales.

A lo largo de su alocución, el fiscal ha reiterado que los cuatro acusados se valieron de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, quienes atravesaban por una complicada situación económica en su país, para lograr su desplazamiento hasta España y finalmente hasta Valladolid para ejercer la prostitución, destino que la práctica totalidad de ellas sabía de antemano pero ni mucho menos las extremas condiciones laborales a las que se verían sometidas.

El acusador público se refería así a la disponibilidad de las víctimas las "24 horas del día", como así todas han confirmado, y la obligación de estar siempre preparadas, "vestidas y maquilladas", ante cualquier cliente que, además, ni podían rechazar ni tampoco los servicios demandados, incluso en ocasiones cuando se encontraban enfermas o con el periodo, hasta saldar la deuda contraída por el viaje que la principal encausada, la ausente Lorenza C.P, alias 'Lorena' o 'Nicole', a la que se sitúa actualmente en Brasil, había abonado.

En esa tarea, el fiscal ha situado en un segundo escalón a su prima María Ángela P.G, Vanessa, de quien todas las chicas han explicado que era la que de facto controlaba la actividad en el piso de la Avenida de Burgos, tanto en labores de recibir a los clientes como de encargarse del cobro de las cantidades que o bien en metálico o bien por tarjeta, con el uso de un datáfono, abonaban los clientes para engordar las cuentas de Lorenza, con beneficios documentados de más de 186.000 euros.

Pero además, de entre los distintos delitos imputados a los presuntos implicados, la acusación pública incluye el de tráfico de drogas que las víctimas han asegurado que se practicaba en el inmueble como un servicio adicional, algo que los clientes, utilizando un código pactado, denominaban 'fiesta blanca', el 'caramelo', el 'postre' o el 'tema'.

Aunque ninguna de las jóvenes ha identificado al proveedor de la mercancía, ya que siempre la llevaba un varón "alto y moreno con la cabeza tapada", el fiscal sostiene que el novio de Lorenza, Javier R.A, era quien se encargaba de este cometido, mientras que respecto de Mirta Graciela y Hugo Javier, entiende acreditado que la primera se dedicó a la captación de numerosas víctimas, incluso familiares directos, y que el segundo participó en al menos la llegada a España de una víctima.

"YO ERA UNA CHICA MÁS"

La firmeza en la incriminación del fiscal no ha tenido en cuenta los alegatos exculpatorios realizados por los cuatro acusados, cuyas defensas han solicitado un fallo absolutorio. En el caso del abogado de Javier R.A, a dicha solicitud se ha añadido, con carácter subsidiario en caso de condena, la invocación de las atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas.

De entre las versiones de los hechos ofrecidas por los acusados, destaca el de María Ángeles, 'Vanessa', quien se ha presentado al tribunal como una víctima más tras asegurar que ella también llegó a España por mediación de su prima, la jefa, y fue prostituida en el mismo piso que el resto de mujeres.

"Yo era una chica más en el piso. Llegué porque en mi país tenía muchas deudas y viajé a España con los 3.000 euros que me prestó mi prima", ha explicado 'Vanessa', quien ha relatado que a partir de entonces, el 20 de septiembre de 2021, comenzó a vender su cuerpo en el piso para saldar la deuda con su supuesta benefactora. Al igual que el resto, del total percibido por los servicios, un 50 por ciento se lo quedaba su prima y la otra mitad pera para zanjar la deuda, con lo que le quedaba una mínima cantidad para poder comer.

Sin embargo, a raíz de que Lorenza "comenzó a sospechar que pudiera estar bajo investigación", Vanessa empezó a recibir cada vez más protagonismo en cuanto al control del piso por indicaciones de la verdadera dueña del negocio. "Me prostituía al igual que el resto pero, además, mi prima cada vez me exigía más trabajos", hasta incluso encargarse también de la limpieza del inmueble y de otros cometidos, pero sin remuneración a mayores. "¡Yo era una más en el piso. Éramos un conjunto de amigas que nos ayudábamos para poder trabajar!", ha enfatizado la acusada, quien ha insistido en que no contaba con privilegio alguno.

De hecho, la acusada se ha desmarcado de su prima, de la que asegura que no ha vuelto a tener noticias y a la que ha censurado porque tras la detención de ambas, Lorenza pudo contratar un abogado de pago mientras que ella estuvo asistida en todo momento por un letrado de oficio. También ha explicado que mandó dinero a Paraguay, cerca de 16.000 euros, para aliviar la penosa situación económica de su marido e hijos y, tras declararse "inocente", ha asegurado que hoy vive en Barcelona al cuidado de una anciana y espera poder volver a reunirse en su país con su familia. "Mi prima me ha abandonado, mientras que yo doy la cara ante la Justicia", ha concluido.

Por su parte, el que fuera compañero sentimental de Lorenza, Javier R.A, trabajador desde hace 16 años en Valladolid de una distribuidora de libros, sostiene que nunca participó en la actividad de su pareja y también ha negado que fuera el encargado de suministrar droga al inmueble. Sí se ha reconocido toxicómano y ha expuesto los graves problemas que ello le generaba, hasta el punto de que Lorenza, para evitar que se gastara el sueldo en el vicio, retiraba cada mes de su cuenta bancaria la totalidad del ingreso efectuado por la impresora de libros para la que trabajaba.

"Era Lorenza la que me facilitaba la droga, dos gramos por semana, en lugar de los dos que llegué a consumir cada día. De esta forma, estábamos todos felices", ha declarado Javier, que en este contexto sitúa la droga para su consumo y el de su propia pareja que la policía intervino en el domicilio conyugal.

También se han declarado inocentes Hugo Javier, quien trabaja en el sector de la logística para una empresa de paquetería, y Mirta Graciela, pese a que al primero se le impute la captación de una joven y a la segunda la llegada a España de su propia hija, dos hermanas y dos sobrinas.