Bruselas rechaza reabrir ley de metano, pese a presión de EE.UU. y una docena de países UE

Bruselas, 26 jun (EFE).- La Comisión Europea no modificará el reglamento sobre obligaciones para los importadores de metano pese a la presión de Estados Unidos y al menos una docena de países de la Unión Europea (UE), liderados por Chequia y Eslovaquia.

"Estoy trabajando en recomendaciones a los Estados miembros sobre el metano. Está claro, muy claro que algunos Estados miembros han expresado preocupación con la viabilidad de la implementación. Me mantengo muy firme en no reabrir la legislación. Es extremadamente importante para nuestra transición limpia en Europa", dijo hoy en rueda de presa el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen.

El alto responsable comunitario agregó que su departamento trabaja para "crear un terreno de juego justo donde todo el mundo tenga que cumplir las mismas reglas".

El comisario danés compareció ante los medios tras un consejo de ministros de Energía de los países de la UE en el que, entre otros temas, se trató la polémica normativa, cuya aplicación en 2027 inquieta no sólo a Washington, sino también a Catar, Nigeria y Argelia, grandes suministradores de gas a la UE.

Esos cuatro países han enviado una carta a las instituciones advirtiendo de que el reglamento pone en riesgo la importación de gas. Y este mismo viernes, coincidiendo con el consejo de ministros de Energía, el embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, recordó en la red social X la posición de Washington al respecto.

El metano es un potente gas de efecto invernadero con un impacto sobre el calentamiento global mucho mayor que el CO2 a corto plazo, y la UE lo considera una pieza clave de su política climática.

El reglamento europeo de metano, aprobado en 2024, creó el primer marco comunitario para medir, notificar y verificar las emisiones de ese gas en el sector energético. Sus exigencias afectan tanto a la producción dentro de la UE como, progresivamente, a las importaciones de petróleo, gas y carbón.

Pero la aplicación de los requisitos a proveedores extranjeros ha generado preocupación entre parte de la industria energética y varios gobiernos.

Entre los países que se oponen a la medida, como Italia, Alemania, Polonia o Eslovenia, 12 firmaron una declaración conjunta en la que piden un aplazamiento de al menos tres años en la implementación de esas obligaciones.

En el debate ministerial de hoy, los críticos emplearon argumentos como la seguridad de suministro, la inestabilidad geopolítica, los problemas de las empresas energéticas domésticas para garantizar el cumplimiento, el miedo a sanciones o la inseguridad jurídica.

Sin embargo, la Comisión cree que puede solucionarse con unas "recomendaciones" en las que trabaja el Ejecutivo, una línea que apoya España y a la que no se opone Francia.

Jørgensen evitó confirmar si el Colegio de Comisarios analizará la cuestión en su reunión de la próxima semana. EFE