Nueva Delhi, 23 jun (EFE).- Las autoridades indias decretaron este martes prisión preventiva para tres de los cuatro propietarios del edificio que se incendió el lunes en Lucknow, en el norte de la India, y que mató a 15 personas, en su mayoría estudiantes de un centro educativo que operaba en el bloque.
"Se realizaban actividades comerciales en locales autorizados únicamente para uso residencial. Se ha iniciado la acción tras constatarse que la construcción violaba el plan de edificación aprobado", informó la Autoridad de Desarrollo de Lucknow (LDA) en un comunicado.
El incendio afectó a un centro de estudios de animación digital donde muchos estudiantes de entre 16 y 25 años se encontraban en clase en el momento del incidente. El origen exacto del fuego aún no se ha determinado.
Tras las primeras horas de investigación, un tribunal judicial envió a prisión a tres de los cuatro acusados bajo cargos de intento de homicidio involuntario y conducta negligente, mientras la LDA anunció la demolición inmediata de la estructura de tres plantas al confirmarse que operaba de manera ilegal.
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La magnitud de la tragedia ha forzado la intervención directa del jefe de Gobierno regional, Yogi Adityanath, que ha ordenado una auditoría de seguridad a gran escala en hospitales, escuelas y centros formativos de todo el estado de Uttar Pradesh.
Los nuevos detalles de la tragedia apuntan a que la mayoría de los fallecimientos se produjeron por asfixia. El edificio carecía de salidas de emergencia y las llamas bloquearon la única escalera disponible, dejando atrapados a los alumnos del centro de formación, ubicado en los pisos superiores de una tienda de mascotas.
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Varios testigos relataron escenas de pánico en las que los vecinos de la zona llegaron a lanzar piedras para romper los cristales de las ventanas, permitiendo que algunas personas bajaran deslizándose por cables eléctricos o saltaran al vacío, quedando gravemente heridas.
La indignación popular ha aumentado tras desvelarse que el inmueble ya arrastraba una orden de demolición por construcción ilegal desde 2016, la cual fue revocada de forma irregular apenas dos meses después de emitirse. EFE
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