Hayat al Dbeas
Amán, 23 jun (EFE).- El regreso de la aplicación de la pena capital en Jordania ha conmocionado a una parte de la sociedad jordana que llevaba un lustro sin escuchar una noticia sobre ejecuciones, pero otra parte la ve como necesaria para que se haga justicia ante una escalada en el país en casos de terrorismo.
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La abogada jordana y activista de derechos humanos Hala Ahed aseguró a EFE que la pena de muerte "no es un medio adecuado ni de eficacia comprobada para disuadir el crimen", y consideró que su restablecimiento representa un "retroceso respecto a la moratoria sobre ejecuciones que Jordania había mantenido durante un largo período".
El domingo, las autoridades jordanas ahorcaron a seis convictos, tres de ellos por casos de terrorismo y otros tres por narcotráfico, en lo que es la primera ejecución conocida desde 2021, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI) y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, aunque el Gobierno jordano se refiere al último ajusticiamiento público en 2017 con la aplicación de la pena capital a 15 convictos.
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Ahed aseveró que esta acción tiene una dimensión "más punitiva y vengativa" que una política penal efectiva, y subrayó que para hacer frente al terrorismo y el narcotráfico es necesario "abordar sus raíces sociales, económicas y políticas, y fortalecer las políticas de prevención, justicia y desarrollo, además de las medidas de seguridad y legales".
Ella es la única defensora de derechos humanos de varias contactadas por EFE que quisieron hablar en este momento, considerando lo delicado de este tema y las circunstancias que "dificultan expresar una posición clara", coincidieron.
Los ahorcados fueron Mahmoud N.M. y Anas A.A.S., por el conocido caso "Célula de Salt", una red "terrorista" responsable de un atentado en 2018 que se cobró la vida de seis miembros de las Fuerzas de Seguridad en la ciudad jordana de Salt, a 30 kilómetros al noroeste de Amán.
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También por el caso de "terrorismo" se ejecutó a Mansour M. por la muerte del general de brigada Abdul Razzaq al Dalabih, en 2022.
El ministro de Comunicaciones jordano, Mohamed Momani, confirmó que las sentencias caían bajo la jurisdicción del Tribunal de Seguridad del Estado, una institución judicial militar y de excepción encargada de juzgar casos relacionados con el terrorismo, el espionaje, la traición, el narcotráfico y la seguridad nacional, donde pueden ser procesados tanto civiles como militares.
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Aseveró, además, que más de 100 personas están condenadas a muerte en el país y sus sentencias "se ejecutarán gradualmente de acuerdo con los procedimientos legales y judiciales establecidos", lo que revela que no hay intención de que regrese la moratoria.
Por su parte, el primer ministro jordano, Jafar Hasan, afirmó en la misma rueda de prensa que se está trabajando en un plan gubernamental para introducir "enmiendas que ampliarían el alcance de la pena de muerte para incluir a categorías más amplias de narcotraficantes, y a quienes estén involucrados con bandas extranjeras y redes de contrabando organizadas que amenacen la seguridad nacional".
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Estas ejecuciones también se justifican, según afirmó a EFE el experto de seguridad jordano Bashir al Daaya, por la "escalada" que el reino hachemí ha sufrido en términos de seguridad, relacionados con "el terrorismo y el narcotráfico en los últimos años, particularmente en sus fronteras del norte", que linda con Siria.
"La ejecución de estas sentencias no constituye una violación de las obligaciones internacionales siempre que se lleve a cabo de conformidad con los procedimientos judiciales y constitucionales", subrayó Al Daaya.
Una explicación que también se da en el resto de países de la región de Oriente Medio, donde también es habitual aplicar la pena capital, como ocurre en Arabia Saudí o Egipto, entre otros.
En redes sociales, los comentarios han sido predominantes a favor de la imposición de la pena capital. Uno de los usuarios en X, identificado como Raafat al Zoubi, afirmó que se actuará "con mano dura contra cualquiera que se atreva a atacar a los protectores de la patria".
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Otro, identificado como Abu Raka, dijo claramente que "sí a la pena de muerte como castigo terrenal para todos los terroristas", y espera que la ley se modifique para "incluir la pena de muerte para los narcotraficantes".
Jordania ha mantenido una postura conservadora respecto a la pena capital, que tiene sus raíces legislativas en el Código Penal de 1960, que a su vez se fundamenta en la Constitución jordana de 1952. EFE
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