El pacto migratorio europeo: ritmos de aplicación desiguales y división de ánimos en la UE

Bruselas, 12 jun (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea comienzan este viernes a aplicar formalmente el Pacto de Asilo y Migración, que unos consideran un "paso importante" para reducir la llegada de migrantes indocumentados, aunque otros países presentan carencias importantes para su total funcionamiento o se muestran contrarios a algunos de sus puntos.

En el caso de España, "existen algunos flecos por pulir en comparación con el Plan Nacional de Implementación que se adoptó en 2024", aunque hay "confianza en que se pueda aplicar plenamente", según reconocieron a EFE fuentes diplomáticas españolas, que no especificaron cuándo estará listo por completo.

El Gobierno español se ha situado en contra del Reglamento de Retornos que permite la creación de centros de migrantes en terceros países -otra de las patas del Pacto que se ratificará la semana que viene en el Parlamento Europeo- desde su concepción.

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el jueves la entrada en vigor del Pacto como "el paso más importante" hacia la solución de la entrada irregular de migrantes, en línea con el endurecimiento de la política migratoria por el que aboga el Gobierno frente al auge de la ultraderecha en el país.

En Francia, el grueso de la transposición del pacto migratorio se va a llevar a cabo con un proyecto de ley que se está tramitando aún en el Parlamento y que habilita al Gobierno a legislar por decreto. Además, se prevé la publicación de una circular para precisar la normativa aplicable a partir de este 12 de junio, puesto que una parte importante del pacto no se ha adaptado a tiempo.

Portugal llega a la entrada en vigor con una adaptación parcialmente avanzada: el Gobierno ha presentado en la Asamblea de la República las modificaciones legislativas necesarias para incorporar varias de las nuevas normas, pero el debate parlamentario evidencia que persisten discrepancias sobre algunos instrumentos previstos en el marco europeo.

Mientras, Polonia se ha mostrado contraria a aplicar la parte relativa al mecanismo de seguridad obligatorio, con una oposición explícita del primer ministro Donald Tusk: "no se aceptará ni una reubicación y no se pagará ni un solo céntimo", postura que subrayó como "definitiva", hasta el punto de llamar hace unos meses a una "revuelta contra la regulación" de Bruselas.

Varsovia justifica su posición alegando que se encuentra en una situación única debido a la "guerra híbrida" en su frontera con Bielorrusia, además de resaltar la acogida de millones de refugiados ucranianos en los últimos años. Por ello, Polonia ha reclamado una exención de cuotas, tras ser clasificado como país "afectado por una presión migratoria significativa".

El Gobierno de Giorgia Meloni ha celebrado abiertamente la activación del Pacto, defendiendo que el texto final de Bruselas convalida y hace suyo el "enfoque italiano" al incorporar medidas que ya están en vigor en Italia.

Las nuevas directrices comunitarias representan la legitimación europea de la estrategia migratoria italiana y del nuevo paquete de medidas restrictivas aprobado por el Ejecutivo de Meloni en enero de 2026, el cual prevé bloqueos navales temporales, retornos acelerados en frontera y mayores supuestos de expulsión.

El nuevo marco de la UE permitirá a Italia reactivar los centros de detención y gestión del asilo en Albania, diseñados originalmente para procesar a migrantes rescatados en el Mediterráneo, pero que han permanecido bloqueados por la justicia desde su apertura en octubre de 2024.

Austria, por su parte, figura entre los países que defienden una aplicación más estricta del pacto: aunque ha avanzado mucho en su adaptación legal, aún tiene el reto de aplicar todos los procedimientos acelerados en frontera e integrar de forma plena el sistema biométrico Eurodac.

Viena ha insistido especialmente en frenar los movimientos secundarios de migrantes y ha sido uno de los principales impulsores de los controvertidos centros de deportación fuera de la UE.

Bulgaria figura entre los países más avanzados en la adaptación técnica al Pacto, especialmente en el sistema Eurodac, aunque la CE advierte de importantes carencias en la capacidad de acogida, recursos humanos e infraestructuras, además de posibles retrasos en la aplicación de los procedimientos fronterizos y en las garantías para los solicitantes de asilo.

Y Hungría presenta un nivel de cumplimiento muy limitado del nuevo pacto, ya que el anterior Ejecutivo de Viktor Orbán no publicó su plan nacional ni ha iniciado preparativos para la creación de centros de acogida, mientras que el nuevo Gobierno tampoco ha avanzado en su elaboración.

Además, Budapest arrastra una multa diaria del Tribunal de Justicia de la UE por incumplimientos previos en materia de asilo, lo que sigue sin resolverse pese a las negociaciones del nuevo Ejecutivo con Bruselas.

En el caso de Grecia, el nivel de cumplimiento presenta importantes carencias. Según un informe de la Comisión Europea previo a la entrada en vigor del Pacto, hasta el 7 de mayo, el país aún no contaba con las instalaciones de acogida ni con el personal suficiente para poner en marcha los nuevos procedimientos fronterizos exigidos. EFE