Caracas, 29 may (EFE).- El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, dijo este viernes que citará a empresarios turcos vinculados con el área del cemento, después de cuestionar los precios de este material en una región en el oeste del país suramericano.
"Señora diputada (oficialista) América Pérez, al llegar a la ciudad de Caracas, me cita a los turcos esos que están con la cosa del cemento y me los lleva para mi oficina", pidió el alto funcionario en un acto en la región de Trujillo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
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El diputado aseguró que ese estado es uno de los principales productores de cemento y de arena sílice de Venezuela, por lo que, dijo, "no puede ser" que un saco cueste entre 32 y 37 dólares, lo que anunció que comunicará a su hermana, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Turquía y empresarios de este país, uno de los principales aliados del depuesto presidente Nicolás Maduro, han invertido en varios sectores en Venezuela, aunque organizaciones no gubernamentales denuncian que este tipo de alianzas y convenios han estado marcados por la opacidad y discrecionalidad.
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El pasado noviembre, el embajador turco en Venezuela, Aydan Karamanoğlu, aseguró en una entrevista con Unión Radio que en la última década la relación bilateral "ha crecido muchísimo a raíz de la amistad" entre ambos países.
En ese sentido, aseguró que las inversiones turcas en Venezuela "están subiendo" y dio fe del "interés en el tema del cemento" por parte de empresarios de su país.
Tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas el pasado enero, la situación en Venezuela dio un vuelco y el Gobierno de la mandataria encargada ha enfocado su agenda de cooperación internacional en el país norteamericano, mientras Washington ha flexibilizado sanciones impuestas a áreas como el petróleo y la minería.
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El Gobierno de Rodríguez además ha llamado a los inversionistas extranjeros a venir al país y por ello el Parlamento ha reformado leyes como la del sector hidrocarburos o de minas, buscando garantizar seguridad jurídica, luego de años de una política reservada casi en su totalidad al Estado. EFE