Amnistía acusa a Irán de intensificar la represión alegando motivos de seguridad por la ofensiva de EEUU e Israel

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha acusado este jueves a Irán de intensificar la represión en el país a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país, incluida la ejecución de cerca de 40 personas y la detención de más de 6.000 bajo el argumento de actuar por motivos de seguridad en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo.

La ONG ha indicado en un informe que entre los detenidos desde el 28 de febrero figuran manifestantes, periodistas, abogados, activistas, disidentes y miembros de minorías étnicas y religiosas, en un contexto en el que las autoridades bloquearon además durante cerca de tres meses el acceso a Internet, criminalizando la actividad 'online' bajo amenazas de cargos por "espionaje".

"Las autoridades iraníes están aprovechando la crisis para erosionar aún más los Derechos Humanos de la población, que ya sufre las devastadoras consecuencias de los ataques aéreos ilegales de las fuerzas estadounidenses e israelíes, así como décadas de crímenes bajo el Derecho Internacional cometidos por la República Islámica", ha señalado la directora sénior de investigación y campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Así, ha subrayado que "para mantener su control del poder, las autoridades han lanzado una ofensiva total contra la población iraní, atacando a cualquiera que se atreva a criticar a la República Islámica, compartir con el mundo exterior información sobre los ataques aéreos estadounidenses o israelíes o las violaciones de Derechos Humanos, o simplemente intentar sortear el bloqueo de Internet más prolongado jamás registrado para comunicarse con sus seres queridos o acceder a información independiente".

"Las autoridades iraníes deben levantar todas las restricciones restantes al acceso a Internet y dejar de imponer bloqueos a la población iraní", ha dicho Rosas, quien ha reclamado además la liberación de "todos los detenidos arbitrariamente", así como "protegerlos frente a la tortura y otros malos tratos" y "revelar el destino y paradero" de los "desaparecidos por la fuerza".

Rosas ha solicitado además a Teherán que "detenga de inmediato todas las ejecuciones, de cara a establecer una moratoria oficial sobre la pena de muerte", ante el aumento de los ajusticiamientos en el país a raíz de la citada ofensiva, lanzada por sorpresa en medio de un proceso de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

En este sentido, Amnistía Internacional ha argumentado que el bloqueo a Internet, que contó con un sistema de autorizaciones personales para determinadas personas --principalmente miembros de las autoridades-- fue "un pilar central de la estrategia de represión", antes de sostener que bajo esta cobertura se cometieron "crímenes generalizados".

La organización ha remarcado que las autoridades "criminalizaron de forma activa los esfuerzos del público para acceder a Internet", incluido el envío de mensajes por parte de las fuerzas de seguridad para "advertir al público" sobre el acceso a través de VPN o conexiones por satélite y amenazar con arrestos, imputaciones, incautaciones de bienes y condenas bajo la Ley de Espionaje.

MILES DE DETENIDOS

Por otra parte, ha reseñado que miles de personas han sido detenidos de forma "arbitraria" bajo el pretexto de la seguridad internacional y ha recordado que el jefe de la Policía de Irán, Ahmadreza Radán, cifró el 17 de mayo en más de 6.500 los "traidores y espías" que habían sido arrestados desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

La ONG ha apuntado que tanto los medios estatales como diversos funcionarios han "vilipendiado de forma sistemática" a los arrestados, que han sido tildados de "traidores", "terroristas", "mercenarios", "agente extranjeros", "colaboracionistas" y "contrarrevolucionarios", con imputaciones por motivos que van desde "colaboración" con Israel o Estados Unidos a la venta o uso de sistemas Starlink.

Asimismo, las autoridades han presentado cargos por compartir información sobre el conflicto en redes sociales, apoyar los bombardeos o aplaudir la muerte de altos cargos y enviar imágenes de lugares alcanzados en los ataques a medios vinculados con la oposición, según Amnistía Internacional.

Entre los detenidos de forma "arbitraria", amenazados o citados a declarar figuran cientos de activistas, estudiantes, profesores y familiares de manifestantes, mientras que las autoridades anunciaron en marzo un sistema digital para permitir la identificación e incautación de bienes de personas descritas como "terroristas y mercenarios".

En este contexto, Amnistía ha denunciado además que las autoridades han tenido a algunos detenidos en aislamiento, mientras que se han registrado casos de torturas, desapariciones forzosas, malos tratos, negativa al acceso a abogados o la obtención de "confesiones forzadas" a través de otros métodos.

Entre estas personas figuran la activista y abogado Nasrín Sotudé, quien fue detenida el 1 de abril y permaneció desaparecida seis semanas hasta su liberación a mediados de mayo. También están en paradero desconocidos los abogados Astaré Ansari y Elham Zeraatpisé, así como la periodista Mary Mohamadi.

La ONG ha manifestado que las autoridades han usado además las confesiones de algunos detenidos como "una herramienta de propaganda", emitiendo los vídeos antes de sus ejecuciones, al tiempo que ha insistido en que las autoridades han incrementado el uso de la pena capital como "una herramienta de represión política".

En total han sido ejecutadas 39 personas desde el 28 de febrero, entre ellas "16 manifestantes, nueve disidentes, diez acusados de espionaje en favor de Estados Unidos e Israel y cuatro acusados por 'rebelión armada contra el Estado'", según el balance recopilado por Amnistía Internacional.

"La comunidad internacional no debe permitir que las autoridades iraníes utilicen el conflicto como pretexto para intensificar su maquinaria de represión y cometer con impunidad crímenes bajo el Derecho Internacional", ha insistido Rosas.

"La crisis de Derechos Humanos e impunidad en Irán exige una acción diplomática internacional urgente y sostenida para evitar nuevos crímenes atroces por parte de las autoridades, así como para establecer vías para la justicia internacional, incluso mediante la presentación del caso ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha zanjado.