Madrid, 6 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este miércoles a la Comisión Europea que las sanciones estadounidenses contra la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) no tengan efecto en la Unión Europea (UE).
El jefe del Ejecutivo ha dirigido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que solicita la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo.
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Ello permitiría dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la UE, con el fin de proteger la independencia de la CPI y de Naciones Unidas, y sus acciones para acabar con el "genocidio" en Gaza.
En la carta, Sánchez advirtió de que dichas sanciones "suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional".
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Sánchez lo adelantó en un mensaje publicado en la red social X a propósito de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de sancionar a la CPI por lo que considera acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel, lo que ha llevado a este tribunal a pedir el amparo de la UE.
"España no mira hacia otro lado. Sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos. La UE no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución", argumentó el gobernante español.
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En un comunicado, el Gobierno español recordó que, desde febrero de 2025, Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a once jueces y fiscales de la CPI, y que, en julio de 2025, empezó a aplicar estas medidas a Albanese como relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados.
Las medidas de presión autorizadas por Trump incluyen la cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y "todo tipo de obstáculos" para impedir que hagan su trabajo: investigar y perseguir la violación de derechos humanos, señala el Ejecutivo español en un comunicado.
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Por ello, el Gobierno español piensa que es el momento de que este mecanismo "supere la lógica comercial con la que fue creado" y sirva como escudo frente a medidas que pongan en riesgo el sistema.
Sánchez adujo también que la Corte Penal Internacional tiene un papel esencial en la lucha contra la impunidad y en la rendición de cuentas por los crímenes más atroces (genocidio, de guerra, agresión y lesa humanidad), y que los relatores especiales de Naciones Unidas desempeñan una función clave para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos.
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Añadió que España ya está trabajando para recabar el apoyo de otros estados miembros para articular una coalición que respalde la solicitud presentada a la Comisión Europea. Y promoverá la inclusión de este asunto en el orden del día del Consejo Europeo del 18 y el 19 de junio.
Albanese, que se encuentra de visita en España, tenía previstas sendas reuniones este miércoles en Madrid con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y otros ministros del movimiento izquierdista Sumar, y con el ministro de Asuntos Exteriores, el socialista José Manuel Albares. EFE
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