El Tribunal de Cuentas de la UE avisa de que la reforma del presupuesto europeo no garantiza un mejor gasto

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha advertido este lunes de que la reforma planteada por la Comisión Europea para el próximo presupuesto comunitario no garantiza por sí sola una mejora en la calidad del gasto, pese a introducir cambios relevantes en la forma de planificar, gestionar y supervisar los fondos europeos.

En un informe publicado este lunes, los auditores europeos avisan de que la reforma del marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034, dotado con cerca de 2 billones de euros, introduce cambios de gran calado que podrían entrañar riesgos para la gestión financiera y requieren mayores salvaguardas.

Entre las principales preocupaciones, el Tribunal de Cuentas alerta de que, si no se aprueban las nuevas fuentes de ingresos propuestas por Bruselas, podría producirse un "déficit presupuestario significativo", lo que obligaría a aumentar las contribuciones nacionales o a reducir el nivel de ambición del presupuesto.

Asimismo, los auditores advierten de que el nuevo diseño implica un incremento del endeudamiento de la UE, en parte por la introducción de nuevos instrumentos de préstamo, incluido un mecanismo de hasta 150.000 millones de euros para financiar inversiones de los Estados miembro.

El informe también cuestiona algunos de los cambios estructurales propuestos por la Comisión, como la creación de un gran fondo europeo que integraría políticas clave como la cohesión o la agricultura, lo que, según los auditores, podría obligar a arbitrar entre prioridades y dificultar el cumplimiento de objetivos.

Además, advierte de que el mayor margen de maniobra otorgado a los Estados miembro para definir sus planes podría generar divergencias y debilitar la coherencia del gasto a nivel europeo, con posibles distorsiones en la competencia.

El Tribunal de Cuentas también pone en cuestión el nuevo modelo de ejecución del presupuesto, inspirado en el fondo de recuperación pospandemia, que vincula los pagos al cumplimiento de hitos y objetivos.

Según los auditores, este sistema presenta limitaciones para medir los resultados reales del gasto y no permite evaluar con claridad qué beneficios obtienen los ciudadanos de los fondos europeos.