Guayaquil (Ecuador), 27 abr (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) alerta de que en Ecuador se registra un "alza de prácticas autoritarias" por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa, "que tienen que ver con querer concentrar el poder", como está ocurriendo "en otros países de América Latina", y que son contrarias a los derechos humanos.
"Para nosotros es muy claro que desde el inicio de este Gobierno ha habido un retroceso en materia de derechos humanos", señala a EFE Camila Ruiz Segovia, encargada de campañas para Suramérica de AI, quien está en Ecuador para hacer seguimiento a temas que les preocupan y que fueron incluidos en el informe sobre derechos humanos de 2025 que la organización publicó días atrás.
Pone como ejemplo el "deterioro del espacio cívico", que implica restricciones a los derechos a la libertad de asociación, a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, que se han materializado con "la represión a las protestas" que hubo el año pasado, y con la aprobación de una normativa "que está afectando la capacidad de la sociedad civil de defender los derechos humanos".
La representante de AI se refiere a la Ley de Transparencia Social, impulsada por Noboa y aprobada en agosto pasado de manera exprés por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento), pese al rechazo de más de una treintena de organizaciones que señalaron que la normativa buscaba criminalizar su trabajo.
Asegura que esa norma "no cumple con estándares internacionales" y que está siendo utilizada "de forma discrecional" para "castigar" a las organizaciones, por medio del bloqueo de sus cuentas bancarias.
"No son casos aislados, sino una política que cae en una práctica autoritaria", añade.
Otro de los temas que les preocupa es "el hostigamiento a la Corte Constitucional", que "ha puesto freno" a algunas de las leyes de Noboa, y cuyos jueces han dicho a la organización que creen que el amedrentamiento es por hacer su trabajo.
"Está completamente afectada la independencia judicial en Ecuador y la Corte de Constitucional, que es uno de los bastiones más importantes para garantizar la protección de derechos humanos en el país", alerta Ruiz.
A Amnistía Internacional también le inquieta la "continua militarización de la seguridad pública" bajo la declaración de "conflicto armado interno" que Noboa hizo en 2024 para enfrentar a las bandas criminales.
Ruiz Segovia menciona que esta medida no ha reducido la violencia, pero sí ha provocado "denuncias de violaciones graves de derechos humanos", como 43 presuntas desapariciones forzadas cometidas supuestamente por las Fuerzas Armadas que son investigadas por la Fiscalía.
Dice que el problema más grande es la "falta de cooperación del Ministerio de Defensa en las investigaciones", lo que impide a las familias de las víctimas acceder a la verdad y justicia.
"Ellos operan en el marco de esta política seguridad nacional que les permite actuar sin controles y sin transparencia y tienen el respaldo del Ejecutivo", señala.
Ruiz Segovia afirma que el deterioro de los derechos humanos con el presidente Noboa ha sido "muy rápido" y "muy evidente", y que el Gobierno "tiene un discurso muy estigmatizante", pero que eso no significa que van a dejar de "acompañar a las personas cuyos derechos han sido vulnerados". EFE
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