ONG denuncian que restricción a servicios de acogida en Bélgica provoca problemas de salud

Bruselas, 23 abr (EFE).- El acceso restringido a los servicios de acogida en Bélgica provoca problemas de salud, mayor sufrimiento psicológico y exclusión estructural, según un informe publicado este jueves por siete ONG médico-humanitarias.

El estudio, elaborado conjuntamente por Médicos Sin Fronteras (MSF), Médicos del Mundo, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, BelRefugees, Cáritas Internacional y el Hub Humanitario, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025.

Según el texto, las decisiones tomadas por el Gobierno federal belga durante ese verano han "saturado la red de emergencia", lo que ha provocado que "mujeres solas y familias con menores terminen en la calle", sumándose al colectivo de hombres solos.

Las entidades señalaron que, a fecha de 1 de diciembre de 2025, un total de 1.759 personas figuraban en la lista de espera del sistema de acogida.

Asimismo, los datos del documento indican que en el segundo semestre del año pasado se denegó por falta de plazas el 62 % de las solicitudes de alojamiento de hombres solos, cifra que ascendió al 75 % en el caso de las familias.

Entre agosto y mediados de noviembre de ese mismo año, a 249 personas se les denegó el acceso a la acogida.

Desde un punto de vista médico-humanitario, el informe concluye que el acceso a la acogida es indisociable de la atención sanitaria, y las organizaciones aseguraron que las dificultades para acceder a estos servicios se traducen en "un empeoramiento evitable de la salud física".

Según las observaciones médicas recogidas, el 12 % de los diagnósticos en servicios humanitarios corresponden a enfermedades de la piel y el 8 % a afecciones respiratorias, factores que las fuentes atribuyen a las malas condiciones higiénicas, la exposición al frío y el hacinamiento.

El documento subraya además que los tribunales han emitido alrededor de 16.000 resoluciones en contra del Estado belga y de la Agencia Federal para la Acogida de Solicitantes de Asilo (Fedasil) y, sin embargo, las organizaciones denuncian que la aplicación de estos fallos es "inconsistente" y que se han dado instrucciones políticas que contradecían el mandato judicial.

Finalmente, las siete organizaciones exigen el cese inmediato de lo que califican como una "política ilegal" e instan a las autoridades a respetar las resoluciones judiciales, garantizar una acogida digna e incrementar la capacidad del sistema con presupuestos suficientes, medidas que, según apuntan, también han sido respaldadas por el Consejo de Europa y el ACNUR, entre otras instituciones. EFE