La Audiencia Nacional amplía otro mes el secreto de sumario del 'caso Plus Ultra'

La Audiencia Nacional (AN) ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia, así como el supuesto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

El juez instructor, José Luis Calama, ha tomado la decisión de extender el secreto de las pesquisas hasta finales de mayo, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, de forma que las partes no podrán tener todavía acceso a toda la información del sumario.

Calama aceptó a principios de marzo la competencia para instruir la causa, acordó que siguiera bajo secreto y reclamó todas las actuaciones realizadas hasta el momento al juzgado de Madrid que había llevado a cabo las primeras diligencias.

Años atrás, la AN había rechazado admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso, argumentando que no era competente para ello y derivando la misma a ese juzgado de Madrid.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15, que se inhibió mientras la causa seguía secreta, fue la que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez.

En su denuncia, la Fiscalía alertaba del "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra, concedidos por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, y aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esta sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".

Anticorrupción apuntaba a siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales perpetrado por una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

Según el Ministerio Fiscal, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela".