San Juan, 23 abr (EFE).- Varios legisladores federales anunciaron este jueves que comenzaron una investigación por el uso indebido del Fondo de Resiliencia Energética en Puerto Rico, que presuntamente desvió a una empresa de combustibles recursos que iban destinados a brindar energía solar y baterías a familias.
"La falta de transparencia del Departamento de Energía, el uso ineficaz de los fondos, el desprecio por la intención del Congreso y la cancelación potencialmente ilegal de contratos, combinados con el consiguiente aumento de la pobreza energética y la pérdida de seguridad energética, plantean serias dudas sobre el uso que el Departamento hace del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (ERF, en inglés)", afirmaron los legisladores en su carta.
Jared Huffman, demócrata por California; el comisionado residente por Puerto Rico, Pablo José Hernández; la representante Nydia Velázquez y la representante Alexandria Ocasio, junto a otros 42 legisladores, enviaron la misiva dirigida a pedir explicaciones al secretario del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE, en inglés), Chris Wright.
En el documento, los funcionarios federales reclamaron una sesión informativa al respecto en el Congreso y advirtieron de que el Departamento está desviando discretamente el dinero hacia un nuevo gasoducto de metano, a pesar de que la energía solar es la fuente de electricidad más fiable y rentable para el archipiélago.
"Aunque los fondos del ERF se asignaron inicialmente de forma transparente, con la participación de las comunidades más afectadas, ahora se están reasignando bajo un espeso velo de secretismo", denunciaron los diputados.
Destacaron que varias entidades clave, entre ellas el Departamento de Energía, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) y las empresas privadas de energía Genera y LUMA, se han negado a revelar qué proyectos recibirán ahora la financiación.
Los demócratas del comité han confirmado que al menos uno de los proyectos en lista de espera para recibir la financiación es un nuevo gasoducto de metano que atravesará Puerto Rico.
"Intentar imponer un proyecto de gasoducto de metano licuado a la población de Puerto Rico contribuiría a perpetuar la necesidad de importar combustibles, lo que mantendría los precios del gas metano a niveles exorbitantes durante las próximas décadas, obligaría a los contribuyentes a financiarlo y se sumaría a unos costes de electricidad ya astronómicos", destacaron los legisladores.
Por último, los miembros solicitaron al DOE que informe al Congreso sobre el asunto antes del 30 de abril de 2026 como primer paso de su investigación. EFE
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